Ginebra, 24 ene (SANA) La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) advirtió de las graves consecuencias que tendría el posible cierre del Centro de Formación de Qalandia, al norte de la Jerusalén ocupada, y denunció la continuidad de los ataques israelíes contra instalaciones de la ONU en Jerusalén Oriental.
En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, el director de Comunicaciones de la UNRWA, Jonathan Fowler, explicó que el centro, que capacita a unos 350 estudiantes palestinos en oficios como fontanería y mantenimiento de vehículos, enfrenta un cierre forzoso debido a los intentos israelíes de apropiarse del terreno donde se encuentra.
Fowler subrayó que esta medida privaría a cientos de jóvenes de su derecho a la educación y a oportunidades económicas, y la calificó como una violación flagrante de los derechos de los refugiados palestinos.
El responsable de la agencia denunció además que la toma de la sede de la UNRWA en Jerusalén Oriental y la demolición de edificios del complejo representan un desafío deliberado al derecho internacional y a los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, al tratarse de un hecho sin precedentes con posibles repercusiones globales.
Según Fowler, estas acciones contradicen el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que establece la obligación de Israel de facilitar las operaciones de la UNRWA y no obstaculizarlas. Añadió que la reclamación israelí sobre la propiedad del terreno carece de base legal, dado que Jerusalén Oriental es territorio ocupado y no está bajo soberanía israelí.
El portavoz advirtió de que estas medidas podrían abrir la puerta a nuevas violaciones, incluida la posible toma del centro de formación profesional de la UNRWA en Jerusalén Oriental, e instó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para proteger la labor de la agencia.
La UNRWA ha señalado anteriormente que los ataques contra sus instalaciones en Jerusalén Oriental sientan un precedente peligroso para el sistema internacional, al advertir de que la falta de una respuesta firme por parte de los Estados miembros de la ONU podría alentar nuevas violaciones y socavar el derecho internacional, con riesgos para la paz y la seguridad internacionales.
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