Madrid, 3 ene (SANA) El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó su firme rechazo a las restricciones impuestas por las autoridades de ocupación israelíes a la labor de las organizaciones humanitarias que operan en los territorios palestinos ocupados.
En un comunicado, el Ministerio denunció que las medidas israelíes incluyen la aplicación de nuevos sistemas de registro para las organizaciones humanitarias y la revocación de licencias, lo que ha afectado a varias entidades españolas e internacionales.
Según el Gobierno español, estas decisiones buscan obstaculizar deliberadamente el trabajo humanitario, impedir la provisión de ayuda esencial y limitar la capacidad de respuesta ante el agravamiento de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
España advirtió que estas restricciones dificultan la atención de las necesidades básicas de la población palestina y de los refugiados en Gaza, Cisjordania y otras zonas de Oriente Medio.
El comunicado subrayó además que estas medidas se producen tras la aprobación por la Knéset de una ley que contempla el corte del suministro de agua y electricidad a instalaciones de la UNRWA, la retirada de sus privilegios y la revocación de su inmunidad, lo que agrava aún más la situación humanitaria.
La Cancillería calificó estas decisiones de “inaceptables” e instó al gobierno de ocupación a revocarlas de manera inmediata. Asimismo, reafirmó el compromiso de Madrid de apoyar la labor de las organizaciones humanitarias españolas e internacionales, destacando su papel esencial en la protección de la vida y el alivio del sufrimiento del pueblo palestino.
España recordó igualmente las obligaciones legales de Israel como potencia ocupante conforme al derecho internacional, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de la población civil, y subrayó la necesidad de respetar las sentencias y dictámenes pertinentes de la Corte Internacional de Justicia.
Según la declaración oficial, la cancelación del registro de decenas de organizaciones internacionales forma parte de una campaña sistemática para restringir la acción humanitaria en los territorios palestinos ocupados, en un contexto de grave deterioro de las condiciones de vida debido a las continuas violaciones en Cisjordania y a la guerra genocida en la Franja de Gaza.
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