Washington, 18 dic (SANA) El Senado de Estados Unidos aprobó hoy la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) con un presupuesto récord de 901 mil millones de dólares, consolidando la continuidad de una política de elevado gasto militar.
Según informó la agencia Associated Press, el proyecto de ley fue aprobado por 77 votos a favor y 20 en contra, e incluye un aumento salarial del 3,8 % para el personal de las fuerzas armadas.
El texto legislativo, que supera las 3.000 páginas, pone de manifiesto diferencias significativas entre el Congreso y el Pentágono, especialmente en el contexto de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por redefinir las prioridades de seguridad nacional y ampliar el enfoque estratégico hacia Centroamérica y Sudamérica.
La agencia consideró la aprobación como una señal de la determinación de Washington de mantener un elevado nivel de gasto militar, en medio de una creciente presión sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que haga públicas imágenes relacionadas con presuntos ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de la costa venezolana.
Por su parte, la Casa Blanca afirmó que la ley se ajusta a las prioridades de la actual administración para reforzar las capacidades defensivas del país. Al mismo tiempo, legisladores continúan exigiendo al Departamento de Defensa mayor transparencia sobre recientes operaciones navales, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la supervisión de las actividades militares fuera de los conflictos tradicionales.
En el plano europeo, la legislación limita la capacidad de la administración estadounidense para ejecutar una retirada rápida de tropas, al prohibir reducir el número de efectivos en Europa por debajo de 76.000 soldados. Asimismo, incrementa los recursos destinados a países de la OTAN en la región del Báltico, lo que refleja la persistencia de la política de militarización del continente.
Cabe destacar que el presupuesto para el año fiscal 2026, aprobado con un incremento de 8.000 millones de dólares respecto a la solicitud inicial de la administración, incluye una disposición para derogar la Ley César, impuesta a Siria desde 2019 como medida punitiva contra el antiguo régimen por sus crímenes contra el pueblo sirio.
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