Damasco, 15 jun (SANA) El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Noureddin Al-Baba, ofreció hoy una rueda de prensa en la que abordó los esfuerzos del Departamento Antiterrorista en la persecución de los remanentes del depuesto régimen de Al-Assad y reafirmó la política estatal de rendición de cuentas dentro del marco de la ley.
Al-Baba destacó que en diversas regiones del país se han registrado manifestaciones y demandas populares que exigen justicia por los crímenes y violaciones cometidos durante el periodo del antiguo régimen, y subrayó que la rendición de cuentas constituye no solo una demanda social, sino un compromiso oficial del nuevo Estado sirio y un pilar esencial en la construcción institucional.
El portavoz insistió en que la justicia no debe basarse en emociones ni en juicios previos, sino en la ley, las pruebas y un poder judicial competente, rechazando cualquier forma de venganza o castigo arbitrario. Señaló además que la rendición de cuentas es un derecho de las víctimas, mientras que su aplicación corresponde al Estado a través de sus instituciones judiciales y de seguridad.
Aclaró que desde diciembre de 2024 el Estado sirio ha mantenido una política activa y constante en la persecución de los responsables de crímenes, asegurando que las operaciones no han sido interrumpidas y que continúan las labores de localización, investigación y recopilación de pruebas.
Avances de las operaciones antiterroristas y detenciones de alto nivel
En este contexto, informó sobre avances recientes de los aparatos de seguridad, entre ellos el desmantelamiento de una célula vinculada al disuelto aparato de seguridad del depuesto régimen, acusada de labores de vigilancia, recopilación de inteligencia y coordinación de ataques con explosivos contra zonas civiles en Idlib y Jesser Al-Shughur.
Según detalló, las investigaciones vinculan a individuos como Fadi Maarouf, conocido como “Abu Jahel”, e Issa Ghanem, en la transmisión de coordenadas utilizadas en un ataque contra el campamento de Jabal al-Dweyla en Kafer Takharim, que dejó más de un centenar de víctimas entre muertos y heridos, así como a altos mandos de la antigua estructura de seguridad.
Asimismo, anunció la detención de figuras militares de alto rango, incluido el excomandante de la disuelta rama de Seguridad del Estado, el general de división Ahmed Hijazi Hijazi, en el marco de las operaciones en curso.
En otro orden, informó sobre la detención de 12 oficiales vinculados a hospitales militares del antiguo régimen, entre ellos un general de división, varios generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles y un capitán, mientras continúan las investigaciones sobre otros implicados.
Al-Baba subrayó que “en la nueva Siria no hay inmunidad para los criminales ni espacio para la impunidad”, al tiempo que rechazó cualquier intento de convertir la rendición de cuentas en actos de venganza o acusaciones colectivas.
Finalmente, definió la justicia transicional como un proyecto nacional integral basado en el descubrimiento de la verdad, la rendición de cuentas, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición, enfatizando que la estabilidad social es un requisito indispensable para su éxito y que la justicia debe prevalecer sobre la venganza como base para la reconstrucción del Estado.
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