Copenhague, 4 sep (SANA) Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Países Bajos anunciaron este viernes su intención de alcanzar durante este año un acuerdo con un país ajeno a la Unión Europea para establecer centros de retorno destinados a migrantes sin derecho legal de residencia, en el marco de los esfuerzos por reducir la inmigración irregular.
Reuters citó un comunicado conjunto de los cinco países, conocidos como el “Grupo de los Cinco”, emitido tras una reunión celebrada en Dinamarca, en el que señalaron que acordaron pasos concretos para avanzar hacia un pacto con un tercer país que permita crear este tipo de instalaciones. El texto no precisó qué Estados podrían acogerlas.
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó en una rueda de prensa en Copenhague que el objetivo es alcanzar este año un acuerdo con terceros países que haga posible poner en marcha los centros de retorno.
Calificó la reunión del grupo de trabajo de “muy importante” y anunció que el próximo encuentro se celebrará en Múnich a finales de septiembre.
El ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Bødskov, explicó que los cinco países acordaron una serie de principios para seguir avanzando en la iniciativa y subrayó que estos centros deben formar parte de un proyecto europeo común compatible con la legislación de la UE y con las obligaciones internacionales.
Bødskov señaló además que el modelo debería contribuir a reducir de forma significativa el número de personas que ingresan irregularmente en la Unión Europea.
Añadió que todavía no se han definido los países que participarán en las negociaciones para albergar estas instalaciones, mientras Dinamarca espera estar en condiciones de enviar migrantes a uno de esos centros hacia finales de 2027.
El Parlamento Europeo aprobó en junio una reforma amplia de la política migratoria destinada a acelerar los procedimientos de expulsión y permitir que los Estados miembros establezcan centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea.
La iniciativa ha recibido críticas de organizaciones y expertos que advierten de posibles efectos sobre las garantías de los solicitantes de asilo.
En julio, el Consejo de Europa alertó de que estos centros podrían entrañar “riesgos importantes para los derechos humanos”.
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