Washington, 30 oct (SANA) El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un tribunal federal del Distrito Este del estado de Virginia condenó a 42 meses de prisión al ciudadano sirio Ahmed Omar Agha, tras declararlo culpable de participar en una conspiración para llevar a cabo ciberataques contra instituciones mediáticas, empresas, organizaciones internacionales y organismos gubernamentales, con el objetivo de servir al depuesto régimen sirio.
En un comunicado publicado en su página web oficial, el Departamento indicó que Agha, conocido por el alias Th3Pr0, estuvo implicado durante más de una década en operaciones de piratería informática dirigidas contra unas 47 entidades, entre ellas medios de comunicación occidentales, empresas, organizaciones no gubernamentales y organismos gubernamentales estadounidenses y de países aliados.
Finalmente, compareció ante la justicia tras años de persecución.
Ciberataques contra 47 entidades estadounidenses e internacionales
Según los documentos judiciales, Agha participó en una conspiración dirigida por personas del círculo cercano al cabecilla del régimen Al-Assad, entre ellas responsables de sus servicios de inteligencia, y los ataques se llevaron a cabo entre el 24 de agosto de 2011 y el 31 de enero de 2024.
El Departamento explicó que los ataques tenían como objetivo silenciar a los medios de comunicación que publicaban informaciones sobre las violaciones cometidas por el antiguo régimen durante los acontecimientos de la Primavera Árabe y la Revolución siria, intimidar a los opositores, difundir información falsa y recopilar información de inteligencia en beneficio del régimen, además, pretendían incitar a miembros del Ejército estadounidense a desobedecer las órdenes militares.
Desinformación mediática e intentos de influir en las instituciones militares estadounidenses
La entidad estadounidense antes mencionada señaló que una de las operaciones más destacadas de Agha fue el pirateo, en abril de 2013, de la cuenta de una agencia internacional de noticias en la plataforma Twitter, desde la que publicó una información falsa sobre dos explosiones en la Casa Blanca y heridas al entonces presidente estadounidense, Barack Obama.
El incidente antes mencionado provocó una caída temporal de las acciones incluidas en el índice industrial Dow Jones y una reducción de la capitalización bursátil de aproximadamente 136.000 millones de dólares.
Pérdidas económicas de cientos de millones de dólares y graves daños en los sistemas de seguridad
Los documentos judiciales señalaron que los ataques ocasionaron pérdidas económicas y daños tecnológicos a las entidades afectadas.
Una de las empresas sufrió pérdidas de unos 35.000 dólares diarios durante seis meses, mientras que una organización internacional no gubernamental gastó aproximadamente 480.000 dólares para reestructurar sus sistemas de seguridad, actualizar las herramientas de supervisión de redes y volver a capacitar a más de 800 empleados.
Asimismo, Agha logró piratear la empresa que alojaba la página web de reclutamiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y redirigir a sus visitantes a una página que contenía mensajes en los que se instaba a los soldados a desobedecer sus órdenes y combatir junto al Ejército del antiguo régimen, y unos 3.500 posibles visitantes estuvieron expuestos a ese contenido.
El Departamento añadió que Agha intentó en dos ocasiones apoderarse de las cuentas de la Casa Blanca en las redes sociales mediante el robo de las credenciales de acceso a los correos electrónicos de sus empleados. En uno de esos intentos consiguió acceder a una de las cuentas, aunque no obtuvo permisos para entrar en las cuentas oficiales.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, declaró: “Agha utilizó sus habilidades informáticas para servir al antiguo régimen, silenciar las informaciones que revelaban sus violaciones e intimidar a sus opositores”.
Asimismo, señaló que los ataques perpetrados por el acusado atentaron contra la libertad de prensa y la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.
Por su parte, la primera fiscal adjunta de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Theophani K. Stamos, destacó la importancia de proteger las infraestructuras digitales, los mercados financieros y las empresas, y subrayó que se perseguirá a cualquiera que ataque estas instituciones o ponga en peligro la seguridad nacional.
A su vez, el subdirector de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, Darren P. Cox, afirmó: “Esta sentencia envía un mensaje claro a quienes perpetran ciberataques contra instituciones estadounidenses, periodistas y organismos gubernamentales: los responsables rendirán cuentas, por mucho tiempo que consigan eludir la justicia”.
Una persecución judicial iniciada en 2014 que culminó con una condena de prisión
Las autoridades estadounidenses presentaron cargos formales contra Agha y su socio sirio Firas Dardar el 17 de mayo de 2018, después de que el 12 de junio de 2014 se hubiera presentado una denuncia inicial contra ambos, mientras Dardar continúa en paradero desconocido.
En un caso separado, Dardar fue acusado en 2015 de acceder sin autorización a sistemas informáticos, dañarlos, extorsionar, blanquear dinero, cometer fraude electrónico e infringir las sanciones impuestas a Siria.
En estas actividades habría actuado junto al ciudadano sirio Peter Romar, quien fue extraditado a Estados Unidos desde Alemania y se declaró culpable en septiembre de 2016.
La oficina del FBI en Washington se encargó de investigar el caso en coordinación con las autoridades competentes, mientras que la acusación estuvo a cargo de funcionarios de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia y de la División de Seguridad Nacional y Ciberseguridad del Departamento de Justicia.
Procesos judiciales internacionales contra antiguos responsables del régimen Al-Assad
El pasado 17 de septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció la condena a 60 años de prisión del general de brigada Samir Osman al-Sheikh, antiguo director de la Prisión Central de Adra durante el mandato del antiguo régimen, tras declararlo culpable de dos cargos: torturar a presos y mentir a funcionarios estadounidenses de inmigración para obtener autorización de entrada en Estados Unidos.
Se trata de un precedente judicial, al ser la primera vez que un antiguo responsable del régimen es juzgado ante la justicia estadounidense.
En otro precedente judicial registrado en Reino Unido, el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, inició el pasado 10 de marzo el juicio contra Salem al-Salem, antiguo oficial de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea del antiguo régimen, acusado de asesinato y de cometer crímenes contra la humanidad durante los años de la revolución siria.
La Fiscalía británica presentó contra al-Salem siete cargos en virtud de una ley que permite juzgar a los responsables de delitos internacionales graves cometidos fuera del territorio británico.
El escrito de acusación incluye dos cargos de asesinato y crímenes contra la humanidad, tres cargos de tortura y otros dos relacionados con conductas vinculadas al asesinato intencionado.
Anteriormente, en noviembre pasado, la Fiscalía General de Austria acusó al exgeneral de brigada de los servicios de inteligencia del antiguo régimen, el criminal Khaled al-Halabi, jefe de la División de Seguridad del Estado en la ciudad de Al Raqa, y al teniente coronel Musab Abu Rakba, responsable de la Oficina de Investigación Criminal, de cometer graves crímenes y violaciones sistemáticas contra civiles detenidos durante la guerra en Siria.
Entre los delitos señalados figuran la violencia física, la tortura brutal y las agresiones sexuales, cometidos entre 2011 y 2013.
Asimismo, en mayo de 2024, la justicia francesa juzgó en rebeldía a tres altos responsables del antiguo régimen por complicidad en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
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