Ginebra, 19 may (SANA) La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos advirtió este martes que la violencia, la destrucción y los desplazamientos forzosos contra la población palestina continúan en Gaza y Cisjordania, donde el nivel de expulsiones alcanza cifras “sin precedentes en décadas”.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, el director de la oficina, Ajith Sunghay, presentó un informe que documenta “violaciones generalizadas del derecho internacional”, incluidas “atrocidades y crímenes de guerra”, cometidas entre octubre de 2023 y finales de mayo de 2025.
Según el informe, unas 73.000 personas palestinas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, muchas de ellas en viviendas, refugios, hospitales, escuelas y lugares de culto, así como mientras esperaban ayuda humanitaria o intentaban pescar.
Sunghay afirmó que, pese al alto el fuego anunciado el pasado octubre, las muertes y la destrucción de infraestructura civil han continuado casi a diario y la situación humanitaria sigue siendo “catastrófica”.
El responsable de la ONU denunció además que el bloqueo israelí sobre Gaza provocó una hambruna que, según dijo, “había sido anticipada y posteriormente confirmada”, y sostuvo que “el uso del hambre como método de guerra contra civiles constituye un crimen de guerra”.
El informe advierte también sobre el riesgo de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de población, al señalar que la mayoría de los palestinos desplazados en Gaza apenas tienen posibilidades de regresar a sus hogares.
En Cisjordania, Naciones Unidas alertó de que el desplazamiento forzoso de palestinos ha alcanzado niveles no vistos en décadas, acompañado de una expansión acelerada de los asentamientos israelíes.
Según el documento, las fuerzas israelíes y colonos han matado a 1.096 palestinos en Cisjordania desde octubre de 2023, y uno de cada cinco fallecidos era menor de edad.
Sunghay sostuvo que los ataques de colonos suelen producirse con apoyo, tolerancia o participación de las fuerzas de seguridad israelíes, y acusó al Gobierno israelí de intensificar la militarización del movimiento de colonos y beneficiarse políticamente de su violencia.
El informe documenta además denuncias de torturas, malos tratos y violencia sexual contra detenidos palestinos en cárceles israelíes, así como privación de alimentos y atención médica.
El funcionario de la ONU instó a la comunidad internacional a adoptar medidas concretas para poner fin a la ocupación israelí, desmantelar los asentamientos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones graves del derecho internacional.
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