Jerusalén Ocupada, 29 mar (SANA) La ciudad de Jerusalén enfrenta una creciente escalada de medidas israelíes orientadas al desplazamiento de la población palestina. En barrios como Batn al-Hawa y al-Bustan, los residentes viven bajo una constante incertidumbre debido a órdenes de desalojo y demolición que se ejecutan de forma sistemática.
Estas acciones forman parte de una política de desplazamiento forzado destinada a modificar la composición demográfica de la ciudad. Según la agencia palestina Safa, los habitantes de Batn al-Hawa afrontan diariamente el riesgo de perder sus viviendas, en un entorno marcado por notificaciones legales continuas y la presencia de maquinaria de demolición.
Tribunales de ocupación y cambio demográfico
De acuerdo con el diario británico The Guardian, unos 175 palestinos de Batn al-Hawa enfrentan un desplazamiento inminente, en lo que calificó como “la mayor expulsión coordinada de un barrio palestino desde la ocupación de Jerusalén en 1967”.
En este contexto, las autoridades de ocupación buscan consolidar una realidad jurídica difícil de revertir mediante desalojos forzosos, demoliciones administrativas y la expansión de asentamientos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino advirtió que más de 200 familias, que suman cerca de 900 personas, están en riesgo de desalojo forzoso. Asimismo, denunció que los tribunales israelíes son utilizados para legitimar estas medidas, a las que calificó como un instrumento de las prácticas de la ocupación.
Por su parte, la Gobernación de Jerusalén afirmó que las acciones israelíes, incluidos asesinatos, desalojos, demoliciones y confiscaciones de propiedades, constituyen una ofensiva integral contra la presencia palestina, enmarcada en un plan para transformar la realidad demográfica y geográfica de la ciudad.
Advertencias internacionales
La Organización de Naciones Unidas alertó sobre daños irreversibles en Jerusalén como resultado de estas políticas, y señaló que entre 2021 y 2025 se registraron 144 palestinos muertos, más de 11.555 detenidos, la demolición de 1.732 viviendas y la emisión de 2.386 órdenes de deportación.
En la misma línea, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó la ocupación de 15 viviendas en Silwan, al considerar que estas acciones constituyen una violación del derecho internacional y un atentado contra los derechos del pueblo palestino.
El organismo advirtió además que estas medidas reflejan una escalada en las políticas destinadas a alterar la identidad árabe y la composición demográfica de Jerusalén.
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