Jerusalén ocupada, 6 ago (SANA) La enfermera palestina Sabreen Attallah comprendió que no llegarían a tiempo al hospital y que solo tenía una opción: asistir un parto prematuro dentro de una ambulancia detenida al borde de una carretera de Cisjordania.
La paciente, embarazada de seis meses, sufría una hemorragia grave y perdía el conocimiento repetidamente. El trayecto desde la localidad de Qaryut hasta el Hospital Rafidia de Nablus debía durar unos 25 minutos, pero los cierres de carreteras y controles militares israelíes lo prolongaron durante una hora y media.
El feto no sobrevivió al parto de emergencia y la vida de la mujer quedó en peligro, según una investigación publicada por Human Rights Watch (HRW), y difundida por la cadena Al-Jazeera, que denunció que las restricciones israelíes a la circulación dificultan el acceso de los palestinos a servicios médicos urgentes.
El episodio, ocurrido el pasado 27 de julio, refleja para la organización un problema más amplio: ambulancias obligadas a desviarse, pacientes retenidos en controles y equipos médicos sometidos a inspecciones mientras el tiempo determina la diferencia entre la vida y la muerte.
Un recorrido de 25 minutos convertido en hora y media
La ambulancia partió de Qaryut, al sur de Nablus, con un paramédico y una enfermera que intentaban trasladar a la mujer hasta el hospital.
La ruta más directa se encontraba cerrada, por lo que el conductor tuvo que buscar caminos alternativos y modificar varias veces el recorrido ante la presencia de controles militares, puertas bloqueadas y obstáculos en carreteras agrícolas.
Mientras aumentaba la demora, el estado de la paciente se deterioraba. Attallah afirmó que nunca había presenciado una hemorragia de semejante gravedad durante sus años de trabajo.
Sin posibilidades de llegar a tiempo al centro sanitario, la enfermera atendió el parto dentro del vehículo antes de alcanzar el control de Awarta. El bebé murió pocos minutos después.
Human Rights Watch aseguró que revisó testimonios de los trabajadores sanitarios y una grabación realizada por el conductor durante la espera en el control.
El paramédico Bashar Qaryouti relató que los soldados ordenaron apagar el motor de la ambulancia, pese a que el suministro de oxígeno y los aparatos de monitorización dependían del funcionamiento del vehículo.
Los equipos dejaron de operar durante al menos 20 minutos, según HRW, mientras la madre presentaba niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre.
Attallah aseguró que los soldados les apuntaron con sus armas e ignoraron sus advertencias sobre el riesgo de muerte de la paciente.
El Ejército israelí negó haber retrasado deliberadamente el traslado y afirmó que no había recibido información sobre el incidente, de acuerdo con la respuesta citada por la organización.
Restricciones que se repiten
Para Human Rights Watch, el caso no constituye un episodio aislado, sino parte de un patrón de obstáculos que afecta el acceso de la población palestina a hospitales y centros médicos.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 925 obstáculos físicos al movimiento en Cisjordania en abril de 2026, entre ellos puestos de control, puertas, montículos de tierra y carreteras bloqueadas.
La Organización Mundial de la Salud documentó durante 2025 un total de 233 incidentes contra la atención sanitaria en Cisjordania, que afectaron a 25 centros de salud y 165 ambulancias. En el 84 % de los casos se registraron impedimentos de acceso, retrasos, registros o restricciones al movimiento de los vehículos sanitarios.
Naciones Unidas ha documentado durante años casos de mujeres que dieron a luz dentro de ambulancias o junto a controles militares después de que sus vehículos fueran retenidos o no pudieran continuar el trayecto.
La OMS advierte que las restricciones de movimiento y la violencia continúan debilitando el sistema sanitario palestino y limitando el acceso a servicios esenciales, incluidos los cuidados maternos y neonatales.
Human Rights Watch recordó que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de facilitar la atención médica urgente y respetar y proteger a las ambulancias, al personal sanitario, las mujeres embarazadas y los niños.
Para la organización, obligar a una mujer a dar a luz dentro de una ambulancia no es solo una consecuencia de una carretera cerrada: representa el impacto humano de un sistema de restricciones en el que cada minuto de espera puede convertirse en una sentencia.
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