Jerusalén ocupada, 25 jun (SANA) Un proyecto de ley en Israel que busca ampliar el control sobre sitios arqueológicos en Cisjordania ha generado críticas y rechazo por parte de autoridades palestinas, que lo consideran un paso hacia la anexión de nuevos territorios y la expansión de los asentamientos.
El ministro palestino de Turismo y Antigüedades, Hani Al-Hayek, citado por Reuters, afirmó que la iniciativa, bajo el argumento de proteger y gestionar el patrimonio arqueológico, tiene como objetivo ampliar el control israelí sobre zonas consideradas parte del territorio palestino.
“Con el pretexto de proteger y controlar las antigüedades y las excavaciones, la ocupación busca expandir su control y la actividad de asentamientos en estas áreas, en pleno territorio palestino”, señaló el funcionario.
El proyecto, aprobado en primera lectura por el Knesset en mayo pasado, prevé la creación de una denominada “Autoridad del Patrimonio en Cisjordania”, que transferiría la gestión de sitios arqueológicos de distintas épocas —romana, bizantina y de las Cruzadas— al Ministerio de Patrimonio israelí, reduciendo la supervisión de la Autoridad Palestina.
Entre las zonas afectadas figura la localidad de Sebastia, en el norte de Cisjordania, donde las autoridades israelíes anunciaron a finales de 2025 un plan para anexar unas 180 hectáreas que incluyen importantes restos arqueológicos y agrícolas.
De acuerdo con especialistas citados en el informe, el área contiene vestigios que datan del siglo IX a. C., además de ruinas romanas, bizantinas, cruzadas y otomanas, y está incluida en la lista tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Las autoridades locales palestinas denuncian además impactos económicos y agrícolas derivados de estas medidas, incluyendo la afectación de miles de olivos en la zona y la reducción del turismo vinculado al sitio.
El vicealcalde de Sebastia, Nizar Kayed, advirtió que las decisiones israelíes buscan controlar recursos estratégicos de la zona, incluyendo tierras, infraestructura y sitios históricos, lo que —según afirmó— debilita la presencia de la población palestina.
En este contexto, organismos internacionales han reiterado que los asentamientos israelíes en territorios ocupados son considerados ilegales bajo el derecho internacional, en particular por violar disposiciones de los Convenios de Ginebra.
Las autoridades palestinas sostienen que estas políticas forman parte de un proceso de expansión territorial que afecta la identidad histórica y demográfica de Cisjordania y dificulta la posibilidad de un Estado palestino independiente.
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