Jerusalén ocupada, 14 oct (SANA) El Estado de Palestina condenó este miércoles la apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén ocupada y calificó la decisión de violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como de un ataque contra el pueblo palestino y sus derechos nacionales legítimos.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino advirtió de que esta medida socava el consenso internacional sobre el estatus jurídico de Jerusalén y alienta a las autoridades israelíes a continuar con sus políticas de asentamientos y sus intentos de imponer hechos consumados ilegales sobre el terreno.
El Ministerio reiteró que todas las medidas y decisiones destinadas a modificar el estatus jurídico e histórico de Jerusalén ocupada son nulas y carecen de validez legal.
Asimismo, instó al Gobierno colombiano a respetar el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU, y a revertir su decisión. Según la diplomacia palestina, este paso resulta necesario para preservar las perspectivas de una paz justa e integral, basada en el fin de la ocupación israelí y en el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital.
La nota también hizo un llamamiento a los países amigos y hermanos, así como a las organizaciones regionales e internacionales, para que asuman sus responsabilidades en la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino, de conformidad con las resoluciones internacionales y las normas del derecho internacional.
Colombia inauguró este miércoles su embajada en Jerusalén ocupada, convirtiéndose, según la información difundida, en el décimo país en establecer una representación diplomática en la ciudad. La decisión se produce después de que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, revirtiera la ruptura de relaciones con Israel decretada por su predecesor, Gustavo Petro, en mayo de 2024, en respuesta a las acciones israelíes en Gaza.
El pasado septiembre, Palestina también condenó la apertura de una embajada de Nauru ante las autoridades israelíes en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, las autoridades palestinas denunciaron que la medida constituía un ataque contra sus derechos legítimos y contribuía a consolidar la ocupación y sus políticas contrarias al derecho internacional.
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