Damasco, 17 mar (SANA) La Comisión Nacional de Investigación sobre los sucesos de hechos violentos ocurridos en la gobernación siria de Sweida en julio de 2025 confirmó hoy la comisión de graves violaciones de derechos humanos y abogó por garantizar justicia para las víctimas.
Durante una conferencia de prensa, el organismo informó que concluyó su labor de manera independiente y transparente, tras la publicación de su informe final, basado en la recopilación de testimonios, pruebas documentales y materiales digitales.
El informe señala que los sucesos dejaron un saldo de mil 760 víctimas mortales y dos mil 188 heridos, en medio de enfrentamientos entre comunidades beduinas y drusas, así como la intervención de fuerzas gubernamentales.
La comisión documentó además 60 personas desaparecidas de tribus locales y 30 vinculadas al Ministerio de Defensa, aunque aclaró que no pudo determinar una cifra total debido a la falta de información y a limitaciones de acceso a la zona.
Según el reporte, entre el 11 y el 20 de julio de 2025 se intensificaron los actos de violencia, que incluyeron secuestros, ataques en represalia, saqueos, agresiones y violaciones, en un contexto de creciente tensión sectaria.
El documento también confirma la ocurrencia de asesinatos, torturas, destrucción de viviendas y comercios, así como incitación a la violencia sectaria, con la participación de diversos actores, incluidos grupos armados irregulares, elementos de Daesh y miembros de fuerzas de seguridad.
Asimismo, la comisión indicó que los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de más de 62 mil personas, entre beduinos, drusos y cristianos, distribuidos en refugios en Deraa, zonas periféricas de Damasco y áreas cercanas al Monte Hermón.
El informe recoge también ataques a al menos 36 aldeas, incluidos incendios y actos de vandalismo contra viviendas y lugares religiosos, así como represalias contra comunidades beduinas y drusas.
En paralelo, se registraron intercambios de personas secuestradas entre las partes, con la liberación de 119 drusos y 25 beduinos, aunque varias personas continúan desaparecidas.
La comisión reveló que elaboró una lista de sospechosos pertenecientes a instituciones estatales, grupos armados y civiles, cuyos datos fueron remitidos a las autoridades judiciales competentes para su procesamiento conforme a la ley.
Además, recomendó fortalecer las capacidades del sistema judicial para investigar delitos graves y garantizar juicios justos, en línea con los estándares internacionales.
El organismo subrayó que la documentación de estos hechos constituye un paso esencial hacia la justicia, la rendición de cuentas y la construcción de una paz sostenible, al tiempo que instó a implementar las recomendaciones del informe para evitar la repetición de estas violaciones.
fm/as
