Damasco, 31 dic (SANA) El Ministerio de Justicia de Siria afirmó que la preservación de la unidad y la soberanía del Estado constituye un principio constitucional fundamental e inviolable, y advirtió que cualquier incitación o práctica que atente contra este principio representa un delito grave que amenaza la seguridad del Estado.
En un comunicado, cuya copia recibió SANA, el Ministerio subrayó que tales acciones serán sancionadas con estrictas medidas legales, en el marco de la protección del interés nacional supremo.
Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso del Estado sirio con el Estado de derecho y el respeto de los derechos y libertades públicas garantizados por la Constitución.
El texto precisó que la libertad de opinión y de expresión es un derecho protegido, siempre que se ejerza dentro del marco legal establecido, de manera que se garantice el interés público y se preserve la paz civil.
En ese sentido, explicó que la legislación vigente regula el ejercicio de estos derechos mediante normas y procedimientos vinculantes destinados a garantizar la seguridad ciudadana, proteger la propiedad pública y privada y evitar cualquier acción que perturbe la seguridad o afecte los servicios públicos.
El Ministerio destacó que el Estado distingue de forma clara entre la expresión legítima y pacífica de opiniones y aquellas acciones que incitan, abusan o amenazan la paz civil, incluidas la retórica sectaria o religiosa y cualquier forma de odio o división social. Estas prácticas, añadió, están prohibidas por la ley y constituyen delitos que ameritan rendición de cuentas y enjuiciamiento, debido a la amenaza directa que suponen para la unidad y la estabilidad de la sociedad.
Asimismo, enfatizó que las instituciones estatales no tolerarán ninguna violación de la ley, y que esta se aplica a todas las personas sin excepción ni discriminación, independientemente de su condición o afiliación.
Finalmente, el Ministerio de Justicia exhortó a los ciudadanos a cumplir con las disposiciones legales al ejercer sus derechos legítimos y a asumir sus responsabilidades nacionales, asegurando que las autoridades competentes adoptarán todas las medidas necesarias para salvaguardar el orden público, preservar la paz civil y garantizar la unidad de la sociedad y la seguridad del Estado.
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