Washington, 4 sep (SANA) El Gobierno de Estados Unidos deportó a más de 100 personas a Haití, en el marco de las medidas intensificadas que Washington está adoptando para expulsar a migrantes hacia terceros países.
La agencia Associated Press informó este viernes, citando al Observatorio de Vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que “las autoridades estadounidenses llevaron a cabo ayer jueves tres operaciones consecutivas de deportación a Haití, lo que supone un cambio de una frecuencia mensual a otra semanal”.
A finales de agosto pasado también fueron deportadas más de 200 personas a Haití en dos vuelos separados, mientras que documentos internos del Gobierno estadounidense revelaron que Washington envió a más de 100 personas procedentes de Afganistán, Irán, Cuba, Nicaragua y otros países a ocho naciones africanas.
Amplio deterioro de la seguridad
En medio del grave deterioro de la seguridad y del control ejercido por bandas criminales sobre cerca del 70 % de Puerto Príncipe, capital de Haití, responsables de Naciones Unidas revelaron durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad celebrada ayer jueves que unas 200.000 personas fueron devueltas por la fuerza a Haití durante los primeros ocho meses del año en curso, al menos 20.000 más que en el mismo periodo del año pasado.
Los responsables informaron al Consejo de Seguridad de que el continuo colapso de la situación de seguridad amenaza los preparativos para las primeras elecciones que Haití celebraría en una década, además de mantenerlos gravemente limitados y expuestos a retrocesos.
Asimismo, señalaron el ataque ocurrido hace unos días en la localidad de Kenscoff, en el que murieron 47 personas, entre ellas niños.
Cabe señalar que Estados Unidos puso fin, a finales de agosto pasado, al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, lo que dejó a 350.000 personas ante el riesgo de una deportación inminente.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, se ha ampliado el número de personas incluidas en el programa de deportaciones, hasta abarcar también a quienes gozaban de una protección legal que, bajo administraciones anteriores, les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos debido al riesgo de persecución en sus países de origen.
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