Jerusalén ocupada, 31 mar (SANA) Las autoridades de ocupación israelíes aprobaron el lunes la llamada “ley de ejecución de prisioneros palestinos”, en un paso que reaviva la polémica sobre este proyecto impulsado en 2022 por el ministro de Seguridad Nacional del gobierno de ocupación, Itamar Ben Gvir, que fue aprobado en primera lectura en marzo de 2023.
Medios palestinos informaron que la ley establece la imposición de la pena de muerte contra los palestinos que lleven a cabo acciones contra la ocupación que resulten en la muerte de israelíes, además de prohibir la concesión de cualquier indulto en tales casos, lo que implica la confirmación de la sentencia sin posibilidad de reducción o modificación mediante decisión política o judicial posterior.
La agencia de noticias palestina Wafa señaló que el pleno del Knéset israelí (Parlamento israelí) aprobó en segunda y tercera lectura la ley de ejecución de prisioneros palestinos”.
La legislación contempla la imposición obligatoria de la pena sin necesidad de unanimidad judicial, así como la ejecución mediante ahorcamiento a cargo de las autoridades penitenciarias israelíes, en un plazo no superior a 90 días desde la emisión del fallo.
Asimismo, el texto establece una diferenciación en su aplicación entre los territorios palestinos ocupados en 1948 y Cisjordania, donde la pena de muerte será considerada la sanción principal.
Según estadísticas del Club de Prisioneros Palestinos, alrededor de 9.500 personas permanecen detenidas en cárceles de la ocupación, mientras que el número de cuerpos de prisioneros retenidos asciende a 97, como resultado de torturas y negligencia médica deliberada, entre ellos 86 desde el inicio de la agresión contra la Franja de Gaza.
En tanto, el número total de víctimas del movimiento de prisioneros desde 1967 se eleva a 326.
Reino Unido, Alemania, Francia e Italia instaron a Israel a revertir esta legislación, y expresaron su preocupación por sus consecuencias, mientras que Amnistía Internacional advirtió sobre su peligrosidad, al considerar que consolida un sistema de apartheid y que su aplicación podría constituir un crimen de guerra.
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