Nueva York, 1 mar (SANA) Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), junto con Siria y Jordania, condenaron enérgicamente los ataques iraníes contra sus territorios y subrayaron que las agresiones contra civiles e infraestructuras civiles son inaceptables desde el punto de vista legal y humanitario, al tiempo que advirtieron sobre las graves consecuencias de la escalada en curso.
En una declaración leída por el representante permanente de Baréin ante las Naciones Unidas, Jamal Al-Ruwaie, durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para examinar la situación en Medio Oriente, los países afirmaron que la seguridad de sus naciones es indivisible y que cualquier violación de la soberanía de uno de ellos constituye una amenaza para la estabilidad regional en su conjunto.
Al-Ruwaie señaló que misiles iraníes impactaron en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, Baréin, Jordania y Siria, lo que calificó como una flagrante violación de la soberanía e integridad territorial de esos Estados, además de una amenaza directa a su seguridad y una transgresión de la Carta de las Naciones Unidas.
Indicó que los ataques ocasionaron heridos entre ciudadanos y residentes, la muerte de al menos un civil y daños significativos en instalaciones e infraestructuras civiles. También provocaron interrupciones en el tráfico aéreo en varios países del CCG y generaron riesgos para la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, con posibles repercusiones económicas.
El diplomático sostuvo que estas acciones violan el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados, y exigió que Irán asuma plena responsabilidad. Asimismo, rechazó cualquier justificación basada en el Artículo 51 de la Carta.
Los países reiteraron su rechazo a que sus territorios sean utilizados como escenario de confrontaciones o ampliación del conflicto, pese a los esfuerzos realizados para promover el diálogo y la solución pacífica de las controversias.
Finalmente, afirmaron que, si bien mantienen su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, se reservan el derecho a ejercer la legítima defensa conforme al Artículo 51, y a adoptar las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad e intereses nacionales.
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