Capitales, 5 ene (SANA) Las repercusiones de la operación militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para su juicio, continúan desarrollándose en medio de una creciente división de posturas internacionales.
La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, pidió al gobierno de Estados Unidos que coopere conforme al derecho internacional, destacando en un comunicado en su cuenta de Instagram que “establecer una relación equilibrada y respetuosa entre Estados Unidos y Venezuela es una prioridad absoluta”.
Rodríguez, quien fue designada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tras la detención de Maduro, añadió que su gobierno reafirma su compromiso con la paz y la coexistencia pacífica, y subrayó que el pueblo venezolano y toda la región “merecen diálogo, no guerra”. También instó a Washington a “trabajar juntos en una agenda de cooperación que promueva una convivencia social duradera”.
Amenazas de Estados Unidos sobre un segundo ataque
En respuesta a los llamados de diálogo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas, advirtiendo: “Somos quienes controlamos Venezuela, y si no cumplen, lanzaremos un segundo ataque”.
Trump también destacó que su país está más centrado en reformar Venezuela que en el proceso electoral del país suramericano, sugiriendo que Washington busca asegurar pleno acceso al petróleo y los recursos naturales de Venezuela.
Además, Trump se refirió a Cuba, sugiriendo que una intervención militar estadounidense allí “no ser necesaria” ya que el país está “al borde del colapso”.
Reacciones internacionales divididas
Las reacciones a la operación estadounidense y al arresto de Maduro continúan siendo objeto de fuertes divisiones a nivel internacional. Rusia, China y los aliados de Venezuela han condenado la intervención, acusando a Washington de violar el derecho internacional, mientras que algunos países han abogado por un diálogo y soluciones pacíficas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la operación como un “precedente peligroso”. Por su parte, la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, han subrayado la necesidad de respetar el derecho internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, fue uno de los primeros en declarar que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela representaba una violación clara del principio de no uso de la fuerza establecido por la Carta de las Naciones Unidas.
El petróleo, el epicentro de la crisis
Además de la dimensión política, el sector petrolero ha vuelto a ocupar un lugar central en la crisis venezolana. Fuentes estadounidenses han revelado que la Casa Blanca y el Departamento de Estado han instado a las compañías petroleras estadounidenses a regresar rápidamente a Venezuela y a realizar inversiones significativas para reactivar el sector, que atraviesa una grave crisis.
El Financial Times citó a un exejecutivo de Chevron quien señaló que está buscando recaudar 2.000 millones de dólares para proyectos petroleros en Venezuela. Mientras tanto, Ali Moshiri, exdirector de operaciones de Chevron en Latinoamérica, comentó que su fondo Amos Global Energy Management está evaluando activos en Venezuela y en conversaciones con inversores para lanzar nuevas inversiones en el país.
Venezuela, que posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha visto un fuerte declive en su sector petrolero desde mediados de la década de 2000, producto de las políticas de nacionalización, la fuga de capitales y las sanciones estadounidenses impuestas desde 2017.
Estos factores han provocado el colapso de la infraestructura del sector y una drástica disminución de la capacidad de exportación de crudo, sumiendo al país en una grave crisis económica.
La situación sigue siendo altamente volátil, y la comunidad internacional continúa observando de cerca los desarrollos, mientras Venezuela se enfrenta a la compleja interacción de cuestiones políticas, económicas y humanitarias.
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