Gaza, 6 ago (SANA) Trescientos días después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, la Franja de Gaza permanece atrapada en una situación ambigua, sin una guerra declarada a gran escala, pero tampoco con la seguridad, la ayuda humanitaria ni la recuperación territorial que debía proporcionar el acuerdo.
La tregua comenzó el 10 de octubre de 2025, después de casi dos años de la guerra de exterminio israelí y de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos, Egipto y Catar. Su primera fase contemplaba el cese de las operaciones militares, la retirada de las tropas israelíes hacia posiciones acordadas, un intercambio de prisioneros y la entrada masiva de ayuda.
Sin embargo, el balance de estos diez meses muestra una brecha cada vez mayor entre el texto del acuerdo y la realidad sobre el terreno.
El Ministerio de Salud de Gaza cifra en 1.254 los palestinos muertos y en 4.121 los heridos desde la entrada en vigor de la tregua, datos recogidos este jueves por Al Jazeera en un análisis sobre los 300 días del acuerdo. Las autoridades gazatíes denuncian además más de 4.000 presuntas violaciones israelíes, entre bombardeos, disparos, incursiones y restricciones humanitarias.
La infancia ofrece uno de los indicadores más contundentes del fracaso de la tregua para proteger a la población. Unicef informó de que al menos 300 niños murieron en Gaza durante esos 300 días, una media de un menor cada jornada.
“Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a la infancia”, advirtió el director regional de Unicef para Oriente Medio y el norte de África, Edouard Beigbeder.
Una tregua sin seguridad ni ayuda suficiente
El acuerdo preveía el ingreso diario de unos 600 camiones con alimentos, medicinas, combustible, gas y otros productos esenciales, una cifra considerada necesaria para atender a una población sometida a desplazamientos masivos y a la destrucción de buena parte de sus servicios básicos.
Sin embargo, las autoridades de Gaza aseguran que solo entró alrededor del 35 % del volumen acordado. La reducción de la asistencia afectó especialmente a los comedores comunitarios, los refugios, el suministro sanitario y la distribución de alimentos.
La ONU ha advertido de que las restricciones de acceso, la inseguridad y la insuficiencia de financiación continúan limitando las operaciones humanitarias. OCHA señaló en julio que el acceso a varias zonas próximas a las posiciones israelíes se volvió especialmente difícil y que miles de desplazados quedaron expuestos a nuevos movimientos forzosos.
El problema no es únicamente cuántos camiones cruzan las fronteras, sino dónde pueden llegar y durante cuánto tiempo pueden operar las organizaciones humanitarias.
La continuidad de ataques, movimientos militares y órdenes de evacuación convierte la distribución de ayuda en un proceso irregular. De este modo, el alto el fuego ha reducido la intensidad general de los combates, pero no ha creado un entorno estable para reconstruir hospitales, escuelas, viviendas o sistemas de abastecimiento.
Al Jazeera ha descrito la situación como un estado de “ni guerra ni paz”, en el cual los ataques son menos intensos que durante las principales fases de la ofensiva, aunque continúan causando víctimas y desplazamientos.
La Línea Amarilla y la transformación territorial de Gaza
Uno de los principales elementos de controversia es la denominada Línea Amarilla, la demarcación hacia la cual las fuerzas israelíes anunciaron su retirada durante la primera fase del acuerdo.
En teoría, esa línea debía separar las áreas de despliegue israelí de las zonas a las que podría regresar la población. En la práctica, se convirtió en una franja militarizada que limita el acceso de los palestinos a viviendas, tierras agrícolas, carreteras e infraestructuras públicas.
Al Jazeera documentó que la línea se extiende a lo largo del enclave con una profundidad variable y que, en algunas zonas, las posiciones israelíes avanzaron entre uno y 1,5 kilómetros respecto a su ubicación inicial. Testimonios e imágenes analizados por el medio muestran que las restricciones empujaron a numerosas familias hacia áreas cada vez más reducidas del oeste de Gaza.
OCHA informó anteriormente de que las fuerzas israelíes permanecían desplegadas en más de la mitad de la Franja, en áreas situadas más allá de la Línea Amarilla, donde el acceso a instalaciones humanitarias, terrenos agrícolas y bienes públicos se encontraba restringido o prohibido.
La línea dejó así de ser una referencia cartográfica para convertirse en un instrumento que ordena la vida cotidiana: determina dónde puede vivir la población, qué tierras puede cultivar y hasta dónde pueden llegar los equipos de rescate y ayuda.
Al Jazeera considera que su desplazamiento progresivo funciona como una anexión de facto, mientras Israel sostiene que sus posiciones responden a necesidades de seguridad y al cumplimiento de la primera fase del acuerdo.
Un proceso político detenido
El deterioro humanitario coincide con el estancamiento de los mecanismos políticos previstos para administrar Gaza durante la transición.
El Comité Nacional para la Administración de la Franja fue concebido para gestionar los servicios públicos y los asuntos cotidianos hasta alcanzar un acuerdo político permanente. No obstante, su entrada efectiva en el territorio y el ejercicio de sus competencias continúan bloqueados.
La discusión sobre su papel se volvió más compleja tras la inclusión de asuntos relacionados con la entrega, confiscación o almacenamiento de las armas de las facciones palestinas.
La falta de avances refleja uno de los problemas centrales del alto el fuego: las partes y los mediadores lograron pactar una suspensión parcial de las hostilidades, pero no consolidaron una arquitectura política capaz de resolver las cuestiones de seguridad, administración, retirada militar y reconstrucción.
El resultado, después de 300 días, es una tregua que evitó temporalmente el retorno a algunas de las fases más intensas de la guerra, pero que no puso fin a las muertes ni garantizó los derechos básicos de la población.
La persistencia de víctimas infantiles, la entrada insuficiente de ayuda y la expansión de las zonas inaccesibles sugieren que el acuerdo funciona más como un mecanismo de contención que como una vía efectiva hacia la paz.
Mientras no exista un sistema independiente de supervisión, consecuencias claras por las violaciones y un calendario verificable para la retirada, la ayuda y la reconstrucción, Gaza continuará sometida a una calma precaria: menos visible para el mundo, pero todavía letal para quienes viven en ella.
fm/ahs
