Damasco, 15 dic (SANA) Un informe impactante de la Red Siria por los Derechos Humanos ha sacado a la luz uno de los capítulos más sombríos del aparato represivo del depuesto régimen sirio: el verdadero papel de la “Unidad 300“, conocida oficialmente durante el mandato de Assad como la “Sección de Contraespionaje” perteneciente al Departamento General de Inteligencia.
Lejos de su denominación formal, esta unidad operó como un instrumento clave para perseguir y silenciar toda forma de disidencia en el país.
Cifras que revelan la magnitud del horror
De acuerdo con el informe, la Unidad 300 fue responsable de violaciones sistemáticas a gran escala desde el inicio de la Revolución Siria en 2011. La Red documentó 17.438 casos de detención arbitraria y 2.463 muertes bajo tortura, cifras que evidencian la magnitud de la tragedia humana ocurrida en su interior.
El estudio se basa en un análisis exhaustivo de documentos de seguridad filtrados, correspondencia interna y testimonios directos de sobrevivientes y familiares de víctimas. Estos elementos describen a una Unidad que operaba en la sombra, en pleno corazón de Damasco, y que se convirtió en un obstáculo decisivo para cualquier intento de libertad, comunicación con el exterior o actividad política independiente. La Sección 300 es presentada como un ejemplo extremo de cómo una institución estatal se transformó en una maquinaria sistemática de represión contra su propio pueblo.
Del “contraespionaje” al control absoluto de la sociedad
La Sección 300 fue establecida a finales de las décadas de 1970 y 1980 con el objetivo declarado de vigilar a extranjeros y realizar labores de contraespionaje. Sin embargo, según el informe, esta misión fue progresivamente distorsionada.
A partir de 2011, la sección pasó a desempeñar un papel central en el refuerzo del aparato de seguridad del régimen. Extendió su actividad a la vigilancia política y social, creando grupos afiliados en todas las gobernaciones del país. Su foco dejó de limitarse a supuestos “vínculos con entidades extranjeras” y se amplió hasta abarcar prácticamente cualquier actividad considerada sospechosa.
La Sección 300 monitoreaba a diplomáticos y empleados de organizaciones internacionales, seguía reuniones de partidos políticos y figuras de la oposición incluso fuera del país —en ciudades como Beirut—, y analizaba transferencias financieras y comunicaciones internacionales de ciudadanos comunes.
Un edificio secreto en el corazón de Damasco
La sede de la Sección 300 estaba ubicada en el distrito de seguridad de Kafr Souseh, en Damasco, dentro de un edificio completamente cerrado y sin señalización alguna. Su arquitectura reflejaba la naturaleza clandestina de sus operaciones.
El inmueble, de dos plantas, albergaba en la planta baja celdas individuales y colectivas, salas de interrogatorio y cámaras de tortura. En el piso superior se encontraban las oficinas de los oficiales, los archivos y el departamento de comunicaciones.
Dirigida por un general de brigada, la sección operaba como parte integral de la Dirección General de Inteligencia y mantenía una estrecha coordinación con otras ramas: la Rama Interna (251), encargada de la vigilancia interna; la Rama Externa (279), responsable del seguimiento de expatriados; y la Rama Técnica (280), especializada en escuchas y monitoreo tecnológico. Esta coordinación convirtió a la Sección 300 en un eslabón clave del sistema represivo, reportando directamente a la Oficina de Seguridad Nacional y, en última instancia, a la cúpula del poder del entonces presidente Bashar al-Assad.
De la detención arbitraria a la extorsión financiera
Las violaciones cometidas por la Sección 300 no fueron hechos aislados, sino parte de una política sistemática destinada a sembrar el terror y sofocar cualquier forma de disidencia. Entre las prácticas más destacadas figuran:
Detenciones arbitrarias generalizadas:
La rama actuaba sin órdenes judiciales. Una llamada telefónica internacional, el contacto con una organización de derechos humanos o incluso una sospecha de deslealtad política bastaban para convertir a una persona en objetivo. La Red documentó 17.438 arrestos, dirigidos contra activistas, periodistas, empleados públicos e incluso extranjeros. Muchos detenidos eran interrogados inicialmente en la Sección 300 antes de ser trasladados a centros aún más notorios, como la Sección 215 o la prisión de Seydnaya.
Tortura sistemática para obtener confesiones:
Los interrogatorios se basaban en acusaciones fabricadas, como “comunicación con entidades extranjeras”, “recepción de financiación” o “insultos al Estado”. Para forzar confesiones, se emplearon métodos extremos de tortura, incluidos descargas eléctricas, suspensión prolongada, privación del sueño y amenazas de agresión sexual. El informe documenta 2.463 casos de tortura, muchos de ellos con resultado fatal.
Otras violaciones graves:
La sección practicó la extorsión financiera, exigiendo pagos a las familias de los detenidos a cambio de información falsa o promesas de liberación. También realizó vigilancia de comunicaciones internacionales sin orden judicial y negó atención médica a los detenidos, dejando que algunos murieran desangrados en sus celdas.
Sobrevivientes del infierno de la Sección 300
Detrás de las cifras se esconden historias humanas desgarradoras. Los testimonios recopilados por la Red Siria por los Derechos Humanos revelan un patrón repetido de abusos extremos.
Ahmed al-Fatih, ciudadano sudanés residente en el Reino Unido, fue arrestado en Damasco en 2011 mientras realizaba actividades comerciales. Acusado de espiar para Gran Bretaña, fue sometido a severas torturas que deterioraron gravemente su salud. Tras años de detención en la prisión de Seydnaya, fue liberado sin que se le devolvieran sus documentos de residencia.
Leila Khaled, activista de la gobernación de Homs, relató que fue arrestada en 2012 durante una visita a Damasco. Permaneció recluida en celdas oscuras y sufrió intensa presión psicológica y física para obligarla a proporcionar información sobre su familia, bajo amenazas constantes de prolongar su detención. Posteriormente fue trasladada a la Prisión Central de Adra, donde continuó su sufrimiento.
Un caso similar es el de Karim Abdul Rahman, funcionario del gobierno en Damasco, detenido en 2013 en su lugar de trabajo. Acusado de mantener vínculos con medios de comunicación extranjeros, fue sometido a descargas eléctricas durante los interrogatorios y trasladado a la Sección 285 sin orden de arresto formal. Su liberación solo fue posible tras el pago de una elevada suma de dinero por parte de su familia.
Estas y otras historias confirman que la Sección 300 no fue un simple centro de recopilación de inteligencia, sino un escenario de crímenes atroces. La tortura y la presión psicológica se utilizaron de forma sistemática para arrancar confesiones falsas sobre supuesta “financiación extranjera” y “espionaje”, en abierta violación de todas las convenciones y normas internacionales de derechos humanos.
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