Damasco, 21 oct (SANA) El lanzamiento en Siria de la campaña «Las palabras construyen» (Al-Kalima Tabni), destinada a combatir el discurso de odio y la desinformación, ha reabierto el debate sobre cómo regular los contenidos mediáticos sin limitar la libertad de prensa ni la expresión de opiniones críticas.
En declaraciones a SANA, especialistas en comunicación y derecho destacaron la necesidad de distinguir entre la crítica legítima y la incitación al odio mediante criterios profesionales claros, definiciones legales precisas y garantías que protejan tanto a la sociedad como a los periodistas.
Cómo se manifiesta el discurso de odio
La periodista Aisha Sabri explicó que el discurso de odio está relacionado con factores políticos, sociales y mediáticos, y puede manifestarse mediante el racismo, la incitación, los mensajes despectivos y la desinformación, incluida la difusión de noticias falsas o la reutilización de material antiguo fuera de contexto.
También advirtió de que algunas agencias y canales publican información procedente de fuentes anónimas sin verificarla suficientemente. Aunque las redes sociales han ampliado la diversidad de voces, sus algoritmos pueden favorecer contenidos sensacionalistas y provocadores que agravan las divisiones y contribuyen a normalizar la violencia.
Sabri añadió que los titulares y la selección de contenidos pueden alimentar tensiones sectarias, facciosas y tribales cuando se prioriza la interacción en redes sociales sobre la responsabilidad profesional. Asimismo, señaló que la instrumentalización de los acontecimientos registrados en la región costera siria en marzo de 2025 y en As-Suwayda en julio del mismo año contribuyó, a su juicio, a intensificar el discurso de odio en plataformas digitales.
Cinco criterios profesionales y éticos
El periodista Khuza’i al-Najm distinguió entre la crítica, centrada en políticas, decisiones públicas y casos de corrupción sustentados en pruebas, y el discurso de odio, dirigido contra personas o grupos por su identidad religiosa, étnica, cultural o de género.
Sabri estableció cinco criterios para distinguir la crítica del discurso de odio: el objetivo, ya sea promover reformas o incitar a la exclusión; el objeto, centrado en ideas y comportamientos o en la identidad de las personas; el lenguaje empleado; la fiabilidad de las pruebas; y el contexto social y político, incluida la intención y la influencia de quien difunde el mensaje.
Combatir el odio sin restringir la libertad de prensa
Al-Najm defendió la necesidad de establecer garantías legales que protejan el derecho de los periodistas a informar y, al mismo tiempo, promuevan el cumplimiento de las normas profesionales. Precisó que reproducir determinadas declaraciones con fines documentales, informativos o críticos no equivale necesariamente a respaldarlas.
También abogó por formar a los profesionales, elaborar códigos éticos y establecer mecanismos transparentes para tramitar quejas y corregir errores.
Sabri, por su parte, reclamó definiciones legales precisas que eviten términos ambiguos, como «socavar la determinación de la nación» o «dañar el prestigio del Estado», que podrían utilizarse para penalizar críticas políticas y económicas. A su juicio, la criminalización debe centrarse en la incitación directa y clara a la violencia, la discriminación o el daño.
La periodista subrayó que las leyes contra el discurso de odio deben proteger a los grupos vulnerables, no eximir a los responsables públicos de la crítica ni impedir que rindan cuentas. Asimismo, defendió la independencia judicial y el uso del Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas, que establece criterios para evaluar cuándo una expresión puede constituir incitación prohibida, atendiendo a factores como la intención, el contexto y la probabilidad de que provoque violencia.
El discurso de odio en el derecho internacional
Mohamed Ali al-Tawil, presidente del Colegio de Abogados, señaló que el derecho internacional no establece una definición única y vinculante para todas las formas de discurso de odio.
No obstante, recordó que el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la apología del odio nacional, racial o religioso cuando constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Los especialistas coincidieron en la importancia de combinar criterios profesionales, garantías jurídicas y responsabilidad mediática para combatir el discurso de odio sin menoscabar la libertad de expresión.
rsh