Damasco, 19 oct (SANA) Durante más de una década, el nombre de Ali Kayali permaneció asociado a uno de los episodios más sangrientos de la guerra siria: las matanzas de civiles perpetradas en mayo de 2013 en Al-Baida y Baniás, en la costa mediterránea del país.
Conocido también como Mihrac Ural, este dirigente de una milicia vinculada al régimen de Bashar al Asad desarrolló una trayectoria que atravesó tres países y combinó militancia armada, relaciones con los servicios de seguridad y participación en operaciones militares fuera de las fronteras sirias.
Su detención por las autoridades sirias, anunciada el 15 de octubre, ha vuelto a situar en primer plano las demandas de justicia de los familiares de las víctimas. Kayali está acusado de desempeñar un papel destacado en las matanzas de 2013 y de dirigir grupos armados que combatieron junto a las fuerzas del régimen derrocado.
De la militancia armada en Türkiye a Siria
Kayali nació en 1956 en la provincia turca de Hatay, fronteriza con Siria, y se identificaba como árabe sirio.
Durante la década de 1970 se incorporó a Acilciler, una organización armada de orientación comunista cuyo nombre puede traducirse como «los apresurados», según el medio turco Haberler.
En 1978 fue detenido por las autoridades turcas, acusado de participar en acciones armadas, entre ellas el atentado contra el consulado estadounidense en Adana y el atraco a una entidad bancaria. Durante su encarcelamiento pasó por varias prisiones.
En 1982 consiguió escapar y se refugió en Siria. Allí comenzó una nueva etapa bajo el nombre de Mihrac Ural, en un momento en que el país estaba gobernado por Hafez al Asad, padre de Bashar, y mantenía una presencia militar en el vecino Líbano.
Su llegada a Siria marcó un punto de inflexión.
Kayali obtuvo la nacionalidad siria y estableció vínculos con el entorno del poder. Su matrimonio con Malak Fadel, secretaria de Jamil al Asad —hermano del entonces presidente Hafez al Asad—, contribuyó a acercarlo a la familia gobernante, de acuerdo con la agencia turca Anadolu.
Durante su estancia en Siria, Kayali estrechó sus vínculos con el régimen de Hafez al Asad. Según diversas fuentes, se incorporó al ejército sirio y mantuvo relaciones con los servicios de inteligencia de Asad. También obtuvo documentación siria que le facilitó los desplazamientos entre Siria y varios países europeos.
Sus contactos previos con Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), le permitieron actuar como intermediario entre el dirigente kurdo y las autoridades sirias.
Trayectoria armada más allá de las fronteras
La actividad de Kayali no se limitó a Siria. En 1982 participó con una formación armada en combates en Líbano, incluidos enfrentamientos en Beirut, Nabatiye y otras zonas del sur del país, según los antecedentes recogidos sobre su trayectoria.
Su actividad se desarrolló en un contexto de intervención militar siria en territorio libanés.
Décadas después, durante la Revolución Siria iniciada en 2011, volvió a adquirir protagonismo como dirigente de la milicia Resistencia Siria, conocida anteriormente como Frente Popular para la Liberación del Sanjacado de Alejandreta. El grupo, que Kayali reactivó durante el la guerra, combatió junto a las fuerzas leales a Bashar al Asad.
La milicia operó en distintas zonas del país y quedó vinculada a las campañas militares del régimen derrocado.
Su historial le convirtió en una figura que conectaba redes armadas surgidas en Türkiyecon estructuras de poder y fuerzas progubernamentales en Siria.
Los atentados de Reyhanli
El nombre de Kayali volvió a aparecer en una de las investigaciones más graves relacionadas con el régimen de Bashar al Asad.
Concretamente, los atentados con coche bomba perpetrados el 11 de mayo de 2013 en Reyhanli, una localidad turca de la provincia de Hatay, junto a la frontera con Siria.
Las explosiones de aquel entonces causaron 52 muertos y alrededor de 140 heridos.
Las autoridades turcas atribuyeron el ataque a una red vinculada a los servicios de inteligencia de Asad. En septiembre de 2018, los servicios de inteligencia turcos detuvieron a Yusuf Nazik, quien señaló a Kayali como uno de los responsables de planificar los atentados.
Más de trece años después, el caso volvió a cobrar actualidad.
A comienzos de octubre de 2026, las autoridades turcas detuvieron a Omar al-Jatib, señalado por su presunta participación en la coordinación del ataque.
Según la información difundida sobre la investigación, Al-Jatib actuaba como enlace entre los autores materiales y miembros de los servicios de inteligencia del régimen de Asad.
Las pesquisas sobre los atentados de Reyhanli añaden así otro capítulo a las acusaciones que rodean a Kayali y sus vínculos con el aparato de seguridad del régimen de Asad.
Al-Baida y Baniás: dos días de matanzas
La parte más grave de las acusaciones contra Kayali se refiere a las matanzas cometidas los días 2 y 3 de mayo de 2013 en la localidad de Al-Baida y en el barrio de Ras al Nabaa, en la ciudad costera de Baniás.
El 2 de mayo, fuerzas del régimen de Asad y grupos armados afines entraron en Al-Baida, una localidad de unos 7.000 habitantes entonces. Según los testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos, después de que los combatientes opositores se retiraran, los atacantes registraron viviendas y ejecutaron a civiles.
Los supervivientes describieron asesinatos dentro de las casas, disparos contra personas desarmadas, incendios de cadáveres y destrucción de viviendas y vehículos. Human Rights Watch documentó también casos en los que familias enteras fueron asesinadas.
Al día siguiente, la violencia se extendió al barrio de Ras al Nabaa, en Baniás. Allí, según los testimonios recogidos por la organización, las fuerzas de Asad y las milicias aliadas irrumpieron en viviendas y mataron a decenas de residentes. Algunos vecinos intentaron escapar hacia las zonas boscosas y localidades cercanas, mientras otras familias quedaron separadas y perdieron el contacto con sus allegados.
Las matanzas dejaron una huella profunda entre los supervivientes. Además de quienes perdieron a familiares, numerosas personas tuvieron que abandonar sus hogares y otras siguen sin conocer el paradero de allegados desaparecidos o detenidos.
Cientos de víctimas y una década de espera
Según la Red Siria para los Derechos Humanos, las matanzas de Al-Baida y Ras al Nabaa dejaron 459 civiles muertos, entre ellos 92 niños y 71 mujeres. La organización también documentó decenas de desaparecidos y detenidos.
En septiembre de 2013, Human Rights Watch publicó una investigación que documentó al menos 248 ejecuciones: 167 en Al-Baida y 81 en Baniás. La organización advirtió de que la cifra podía ser mayor, debido a las dificultades para acceder a las zonas afectadas y verificar todas las muertes.
A partir de entrevistas con residentes y desplazados, testimonios de supervivientes y material audiovisual, Human Rights Watch concluyó que la mayoría de las víctimas habían sido ejecutadas una vez concluidos los enfrentamientos y después de que los combatientes opositores se retiraran de la zona.
El 10 de mayo de 2013, pocos días después de las matanzas, la Red Siria para los Derechos Humanos publicó un informe en el que señalaba a Kayali por su nombre.
Según la organización, los testimonios recogidos lo situaban entre los mandos implicados en los ataques. Esta acusación constituye uno de los antecedentes de las sospechas que pesan sobre él.
La detención y las expectativas de justicia
La detención de Kayali ha devuelto la esperanza de obtener respuestas a las familias de las víctimas, que llevan más de trece años esperando que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.
Las autoridades sirias anunciaron que los servicios de inteligencia lo detuvieron cuando intentaba huir a través de la frontera.
Redif Mustafa, director de Responsabilidad y Rendición de Cuentas de la Autoridad Nacional para la Justicia Transicional, considera que el caso va más allá de una operación de seguridad y tiene implicaciones políticas y nacionales.
En declaraciones a SANA, puntualizó que las acusaciones contra Kayali están relacionadas con hechos ocurridos en Siria, Türkiye y Líbano.
«Estamos ante una persona acusada de crímenes contra la humanidad», afirmó Mustafa.
Al mismo tiempo, destacó la importancia de la detención para los familiares de las víctimas de Baniás. También aseguró que el proceso de justicia transicional sigue adelante y defendió la rendición de cuentas como una condición para construir la estabilidad y la paz en Siria.
Mustafa sostuvo que el caso envía un mensaje contra la impunidad y refleja el compromiso de las nuevas autoridades sirias con la persecución de los responsables de crímenes y la seguridad regional.
Para las familias, el arresto supone un paso después de años de espera, pero deja abiertas las preguntas fundamentales: qué papel desempeñó cada uno de los mandos, quién dio las órdenes y cómo se articuló la cadena de decisiones que desembocó en la muerte de cientos de civiles.
Esas respuestas dependerán de que la investigación reúna pruebas y de que un proceso judicial esclarezca los hechos y determine las responsabilidades.
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