Deir Ezzor, 29 sep (SANA) Una mañana de septiembre de 2012, Zahra Mahmoud al-Hosni despertó con el estruendo de los motores de los tanques avanzando por Al-Joura, un barrio de Deir Ezzor, en el noreste de Siria. No tardó en comprender que las fuerzas del régimen de Assad habían asaltado en la zona.
Los disparos y los bombardeos obligaron a Zahra y a su familia a permanecer encerrados en casa. La mujer no podía imaginar que, en cuestión de días, perdería a cinco miembros de su familia.
Zahra recuerda que aquella tarde un pariente llegó para comunicarles que varios familiares habían muerto. Salió de inmediato hacia la vivienda familiar, pero al llegar encontró a efectivos del régimen que impedían el acceso. Le dijeron que dentro había tres personas muertas.
No fue hasta el anochecer cuando la familia pudo entrar.
En el interior encontraron los cuerpos de Safiya al-Dahoush, esposa del padre de Zahra; de Bassam al-Zarqa, marido de su hermana, y de Majed al-Zarqa, su sobrino de 12 años. Los tres, según relata, habían recibido disparos en la cabeza.
Las noticias continuaron llegando al día siguiente. Hamoud al-Mirbad, sobrino de su marido y de 16 años, había sido hallado muerto en la calle Al-Wadi. Poco después, Zahra supo que también habían matado a su esposo, Hassan al-Mirbad.
Cinco miembros de una misma familia en apenas unos días.
Zahra nunca vio el cuerpo de su marido. Catorce años después, asegura que todavía desconoce dónde está enterrado.
Tres días de bombardeos e incursiones
Deir Ezzor se extiende a orillas del río Éufrates, unos 450 kilómetros al noreste de Damasco. Fue una de las ciudades donde las protestas contra el régimen de Assad adquirieron mayor fuerza tras el inicio del levantamiento de 2011.
A medida que las manifestaciones derivaron en un conflicto armado, amplias zonas de la ciudad quedaron durante 2012 fuera del control gubernamental. Al-Joura y Al-Qusour, situados en el sector occidental, permanecieron bajo dominio del régimen.
Ambos barrios estaban rodeados de instalaciones militares y de los servicios de inteligencia de Assad, una ubicación que les otorgaba un especial valor estratégico. Documentación de organizaciones de derechos humanos señala que las fuerzas gubernamentales de Assad mantuvieron el control de esas zonas incluso después de perder otros sectores de la ciudad y de su provincia.
El 25 de septiembre de 2012 comenzó una operación militar en la zona.
Según la Memoria Siria, un archivo digital especializado con sede en Qatar, en la incursión participaron varias unidades militares, entre ellas la 105.ª Brigada de la Guardia Republicana siria, considerada una formación de élite. La entrada terrestre estuvo precedida por bombardeos contra el barrio.
Las operaciones se prolongaron durante tres días. Testimonios de supervivientes e informes de organizaciones de derechos humanos documentaron ejecuciones sumarias, muertes por disparos y armas blancas, quema de cadáveres y viviendas, detenciones y registros casa por casa.
Zahra observó parte de lo ocurrido desde el balcón de su vivienda. Entre las imágenes que conserva está la de un hombre que caminaba con una bolsa de verduras cuando fue alcanzado por disparos. Los vecinos consiguieron arrastrarlo hasta una casa cercana.
Cuando su familia llegó a la vivienda donde habían muerto sus parientes, cuenta Zahra, escuchó a miembros de las fuerzas del régimen atribuir las muertes a los «terroristas», término con el que las autoridades de la época se referían de forma habitual a sus adversarios y que también empleaban para describir a sectores de la población de las zonas sublevadas.
Los medios oficiales del régimen de Assad presentaban entonces lo sucedido como una operación militar contra hombres armados.
Una cifra de víctimas todavía incierta
Catorce años después, el número exacto de víctimas de la masacre de Al-Joura y Al-Qusour sigue sin conocerse. Las estimaciones disponibles sitúan la cifra entre 192 y 400 personas, entre ellas mujeres y niños, mientras que el paradero de otras continúa sin esclarecerse.
Para Zahra, esa incertidumbre tiene un rostro cercano. Sabe que su marido murió durante aquellos días, pero nunca vio su cuerpo ni ha logrado averiguar dónde fue enterrado.
Los documentos y testimonios recopilados sobre la operación señalan la participación de varias unidades militares y organismos de seguridad del régimen de Al-Assad, entre ellos la 105.ª Brigada de la Guardia Republicana. En los registros de aquella etapa también figuran oficiales que desempeñaban responsabilidades militares o de seguridad en Deir Ezzor, como el coronel Ali Khuzam, el general de brigada Issam Zahreddine y el general Jamea Jamea.
La determinación de eventuales responsabilidades individuales, sin embargo, corresponde ahora a los tribunales, que deberán examinar las pruebas, contrastar los testimonios y establecer el grado de implicación de cada acusado.
De la memoria a la investigación
Durante casi 14 años, lo sucedido en Al-Joura y Al-Qusour permaneció principalmente en los relatos de los supervivientes, en la memoria de las familias y en los archivos de organizaciones de derechos humanos.
Tras la caída del régimen de Assad, el expediente tomó otro rumbo.
El 25 de septiembre de 2026, la Comisión Nacional de Justicia Transicional anunció que había concluido la fase de investigación sobre la masacre, un paso que acerca el caso por primera vez a los tribunales.
La comisión, un organismo independiente creado mediante decreto presidencial en mayo de 2025, tiene entre sus atribuciones esclarecer violaciones graves de derechos humanos, impulsar la rendición de cuentas de sus responsables, reparar a las víctimas y establecer garantías destinadas a impedir que esos abusos vuelvan a repetirse.
Entre las personas señaladas por la investigación figuran Daas Ali Hassan, exjefe de la sección de Seguridad del Estado en Deir Ezzor, y Adel Mohammad Issa, antiguo comandante de la 17.ª División del Ejército del régimen derrocado.
Según la comisión, las investigaciones apuntan a que ambos desempeñaron funciones de mando en operaciones relacionadas con los hechos de Al-Joura y Al-Qusour. Será el proceso judicial el encargado de examinar las pruebas y establecer, en su caso, las responsabilidades penales.
Las autoridades sirias habían anunciado en junio de 2025 la detención de Daas Ali Hassan.
Una conmemoración distinta
La conclusión de las investigaciones coincidió prácticamente con el decimocuarto aniversario de la masacre.
Deir Ezzor volvió a recordar a las víctimas, pero esta vez la conmemoración estuvo acompañada de una perspectiva que durante años parecía lejana: la apertura de un proceso judicial.
La Comisión Nacional de Justicia Transicional instó a los familiares de las víctimas a presentar denuncias, testimonios y todas las pruebas que puedan contribuir a reconstruir lo ocurrido.
El ministro sirio de Justicia, Mazhar al-Wais, afirmó que los delitos graves cometidos contra civiles no prescriben y aseguró que continuará el proceso destinado a establecer responsabilidades y reparar a las víctimas.
Después de 14 años, el expediente de Al-Joura y Al-Qusour está más cerca de entrar en una sala de justicia. Allí deberán contrastarse los testimonios, examinarse las pruebas y determinarse las responsabilidades individuales por unos hechos cuyo alcance sigue siendo objeto de investigación judicial.
Para las familias, ese proceso implica algo más que establecer quién dio las órdenes o quién las ejecutó. También supone tratar de responder preguntas que llevan más de una década abiertas.
Zahra tiene una de ellas.
Sigue esperando saber quién mató a cinco miembros de su familia. Y sigue esperando conocer dónde fue enterrado su marido.
Okba Al Zobani y Mohammad Fares
