Washington, 18 sep (SANA) El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer la condena del general de brigada Samir Othman al-Sheij, exdirector de la prisión central de Adra durante el régimen derrocado, a 60 años de prisión, tras ser declarado culpable de cargos de tortura contra presos y de mentir a funcionarios de inmigración estadounidenses para obtener autorización de entrada al país.
Se trata del primer caso de un exfuncionario del régimen Al-Assad juzgado ante la justicia estadounidense.
Condenado por tortura y represión de la oposición política
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia indicó en un comunicado publicado en su página oficial que un jurado declaró culpable a Al-Sheij en marzo pasado por conspiración para cometer tortura, tres cargos de tortura, un cargo de falsificación de visado y otro por intento de falsificar una solicitud de naturalización.
El comunicado explicó que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Al-Sheij ordenó y participó en actos de tortura contra presos durante su mandato al frente de la prisión de Adra, conocida también como la cárcel central de Damasco, aproximadamente entre 2005 y 2008.
Añadió que Al-Sheij cometió graves violaciones de derechos humanos en Siria, incluida la represión de la oposición política, y que mintió sobre su pasado para obtener un visado de entrada a Estados Unidos en 2020, antes de continuar ocultando su historial en su solicitud de residencia permanente y ciudadanía estadounidense.
El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia estadounidense, A. Tyson Dova, afirmó que “Samir Al-Sheij es el funcionario de mayor rango del antiguo régimen de Al-Assad que ha sido juzgado y condenado personalmente fuera de Siria”, y señaló que ahora está sometido al sistema judicial estadounidense.
Dova aseguró que el mensaje es claro: “Los violadores de derechos humanos que busquen refugio en Estados Unidos no encontrarán un lugar seguro; serán localizados, juzgados y castigados por sus crímenes atroces”.
Asimismo, destacó que la condena en este caso demuestra la valentía de las víctimas de Al-Sheij, la perseverancia de fiscales, agentes e historiadores, así como la cooperación excepcional y el alto nivel profesional mostrado por la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) al organizar encuentros con numerosos testigos en Alemania.
Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, afirmó que “nunca debería concederse asilo en Estados Unidos a criminales que cometen este tipo de brutalidad extrema contra sus víctimas”, y expresó su esperanza de que la sentencia proporcione cierto alivio y recuperación a los afectados.
La directora en funciones del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles, Erin Burke, declaró que la condena constituye “un poderoso recordatorio de que las investigaciones de seguridad nacional perseguirán sin descanso a quienes creen que pueden escapar de las consecuencias de sus atrocidades ocultándose dentro de las fronteras de Estados Unidos”.
Añadió que el acusado pudo haber pensado que sus acciones en la prisión siria de Adra habían quedado olvidadas, pero que los agentes del organismo y sus socios garantizaron que no fueran así.
Explicó que, mediante el trabajo constante del Centro de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de HSI, junto con la cooperación con el FBI y socios internacionales, se logró garantizar la justicia.
Burke afirmó que Estados Unidos no será un refugio seguro para los violadores de derechos humanos y que continuará exigiendo responsabilidades, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Reconocimiento a las víctimas que testificaron
El subdirector de la División Penal del FBI, Heath Jankey, afirmó: “Si practicas la tortura y vienes a Estados Unidos, el FBI y sus socios garantizarán que afrontes las consecuencias de tu violación ilegal de los derechos humanos”.
Jankey calificó las acciones que Al-Sheij ordenó y en las que participó directamente como “atroces y repugnantes”.
Asimismo, expresó su agradecimiento a las víctimas que testificaron, lo que permitió la emisión de la sentencia, y manifestó su esperanza de que encuentren cierto consuelo en el hecho de que el antiguo director de su prisión será ahora quien cumpla una condena de cárcel.
Testimonios de las víctimas
El comunicado señaló que tres víctimas de Al-Sheij declararon durante el juicio sobre las torturas que sufrieron personalmente, así como sobre los actos de tortura que presenciaron y escucharon contra otros presos.
Las víctimas confirmaron que los detenidos eran atados a un dispositivo conocido como “alfombra voladora”, que doblaba sus cuerpos por la fuerza en dos a la altura de la cintura.
También eran esposados al techo y suspendidos durante horas o días, golpeados brutalmente mientras permanecían atados dentro de neumáticos y encerrados en pequeñas celdas sucias, frías y húmedas infestadas de insectos y otras plagas.
Según las pruebas presentadas durante el juicio, cuando dos presos rechazaron las órdenes de Al-Sheij de hacer daño a otros detenidos políticos recluidos también en la prisión de Adra, y después de que los guardias interceptaran una carta de apoyo enviada por un tercer preso a un prisionero político, Al-Sheij ordenó trasladar a los detenidos a una sección subterránea de la cárcel conocida como “Pabellón 13”, a allí fueron recluidos en pequeñas celdas y sometidos a torturas.
El condenado permanecía detenido desde su arresto en 2024
Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Al-Sheij mintió a las autoridades migratorias estadounidenses sobre sus antecedentes para obtener la tarjeta de residencia permanente, así como en su solicitud de ciudadanía estadounidense.
Entró en Estados Unidos en 2020 y permanecía bajo custodia desde su detención en julio de 2024.
El caso fue llevado por el abogado Patrick Jasperse, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal del Departamento de Justicia, y por el fiscal adjunto federal Joshua O’Mausner, del Distrito Central de California, con la asistencia del historiador Philip Hoffman, perteneciente a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales, y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.
El Centro de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la oficina de HSI en Los Ángeles y la oficina del FBI en Chicago, proporcionaron un apoyo significativo al caso, en cooperación con la Unidad Internacional de Derechos Humanos del FBI.
Llamamiento para denunciar a violadores de derechos humanos
Al finalizar su comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense instó a las personas que tengan información sobre antiguos violadores de derechos humanos presentes en Estados Unidos a ponerse en contacto con las autoridades policiales estadounidenses a través de los canales de denuncia del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional o mediante el formulario electrónico disponible en la página web del organismo.
En un precedente judicial registrado en Reino Unido el pasado 10 de marzo, el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, inició el juicio contra Salem Al-Salem, exoficial de la Inteligencia Aérea del régimen derrocado, acusado de asesinato y crímenes contra la humanidad cometidos durante los años de la Revolución Siria.
La Fiscalía británica presentó contra Al-Salem siete cargos en virtud de una ley que permite juzgar a responsables de graves crímenes internacionales cometidos fuera del país. La acusación incluye dos cargos de asesinato y crímenes contra la humanidad, tres cargos de tortura y dos cargos relacionados con conductas vinculadas al homicidio intencional.
Antes de ello, la Fiscalía de Austria acusó en noviembre pasado al antiguo general de brigada de la inteligencia del régimen, el criminal Khaled al-Halabi, exjefe de la División de Seguridad del Estado en la ciudad de Al-Raqa, y al teniente coronel Musab Abu Rakba, responsable de la Oficina de Investigación Criminal, de cometer graves crímenes y violaciones sistemáticas contra civiles detenidos durante la guerra en Siria.
Las acusaciones incluyen violencia física, torturas brutales y agresiones sexuales cometidas entre 2011 y 2013.
Asimismo, la justicia francesa juzgó en mayo de 2024, en ausencia, a tres altos responsables del régimen derrocado por su presunta complicidad en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
sm/ahs