Damasco, 21 ago (SANA) Trece años después del ataque con gas sarín contra Guta Oriental y Occidental, el 21 de agosto de 2013, el expediente de las armas químicas en Siria ha pasado de la documentación internacional y las denuncias de las víctimas a una nueva fase marcada por investigaciones nacionales, detenciones, cooperación con organismos internacionales y mecanismos de justicia transicional.
Cuando el aire se convirtió en un veneno mortal
A las 02.00 hora local del 21 de agosto de 2013, varias localidades de Guta Oriental, entre ellas Zamalka, Ain Tarma, Hamouriya, Saqba, Duma, Al-Maliha, Kafr Batna y Jisrin, así como Moadamiyah al-Sham, en Guta Occidental, fueron alcanzadas por proyectiles cargados con gas sarín.
El ataque se produjo de madrugada, en unas condiciones meteorológicas que favorecieron la concentración del agente tóxico cerca del suelo y aumentaron su capacidad letal entre una población que, en gran parte, dormía en sus viviendas.
El sarín se extendió rápidamente por zonas densamente pobladas y provocó un número masivo de víctimas, mientras los hospitales de campaña, ya debilitados por el prolongado asedio de la región, se vieron desbordados por la llegada de personas con graves síntomas de intoxicación.
Los informes médicos registraron dificultades respiratorias agudas, alteraciones de las pupilas, convulsiones, pérdida de conciencia y espuma en la boca, entre otros síntomas compatibles con la exposición a agentes neurotóxicos.
El texto original sostiene además que instalaciones y puntos médicos fueron atacados durante las tareas de atención a los afectados y que familiares de algunas víctimas fueron sometidos a presiones para ofrecer versiones falsas ante equipos internacionales de investigación.
Investigación de la ONU: el 85 % de las muestras de sangre dio positivo a sarín
Una misión de Naciones Unidas encabezada por el experto sueco Åke Sellström se encontraba entonces en Siria para investigar denuncias previas sobre el empleo de armas químicas.
Tras conocerse el ataque, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reclamó una investigación urgente, mientras su alta representante para Asuntos de Desarme, Angela Kane, viajó a Damasco para negociar el acceso de los inspectores a las zonas afectadas.
La misión accedió posteriormente a Moadamiyah al-Sham, Ain Tarma y Zamalka, donde entrevistó a más de 50 supervivientes, trabajadores sanitarios y socorristas.
También recogió muestras de sangre, orina y cabello de 34 pacientes, además de analizar municiones, restos de proyectiles, suelos y otros elementos ambientales.
Según el informe de la misión, el 85 % de las muestras de sangre examinadas resultó positivo a sarín, mientras otras pruebas ambientales y materiales recogidos en el lugar confirmaron la presencia del agente químico.
El 16 de septiembre de 2013, Ban Ki-moon presentó las conclusiones ante el Consejo de Seguridad y afirmó que se habían utilizado armas químicas en Siria, incluso contra civiles y niños, a una escala considerable.
La misión tenía entonces un mandato técnico limitado a determinar si se habían empleado armas químicas, sin atribuir formalmente la responsabilidad del lanzamiento.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, realizaron posteriormente sus propias investigaciones y analizaron el tipo de municiones, los puntos de impacto y otras evidencias relacionadas con el ataque.
Un saldo devastador: más de 1.400 muertos según algunas estimaciones
Las cifras sobre las víctimas varían según las fuentes.
La Red Siria de Derechos Humanos documentó nominalmente 1.144 muertos por asfixia, entre ellos 194 mujeres y 99 niños, además de unos 5.935 afectados por síntomas respiratorios e intoxicación.
Un informe del Gobierno estadounidense publicado nueve días después del ataque elevó la cifra de fallecidos a 1.429, entre ellos 426 niños.
Las diferencias entre balances reflejan las dificultades para documentar con precisión una emergencia de esa magnitud en medio del conflicto, el asedio y el colapso de los servicios médicos.
De la condena internacional a años sin rendición de cuentas
La repercusión internacional del ataque aceleró la adhesión de Siria a la Convención sobre Armas Químicas en septiembre de 2013, que entró en vigor para el país el 14 de octubre de ese mismo año.
El 27 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 2118, que estableció el marco para la eliminación del arsenal químico declarado por Siria bajo supervisión internacional.
Entre octubre de 2013 y septiembre de 2014 se retiraron y destruyeron fuera del territorio sirio los arsenales declarados.
Sin embargo, posteriores investigaciones sobre otros episodios químicos mantuvieron abierto el expediente y alimentaron las dudas sobre si la declaración presentada en aquel momento incluía todos los materiales, instalaciones y actividades vinculados al programa.
En abril de 2021, los Estados parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) suspendieron determinados derechos y privilegios de Siria después de que mecanismos de la organización atribuyeran ataques químicos a fuerzas del anterior Gobierno.
8 de diciembre de 2024: la reapertura del expediente
El cambio político ocurrido en Siria el 8 de diciembre de 2024 modificó de manera sustancial la relación entre Damasco y la OPAQ.
Un día después, la organización anunció contactos con las nuevas autoridades y señaló que la nueva coyuntura ofrecía una oportunidad para resolver las cuestiones pendientes de la declaración química siria.
La cooperación posterior se tradujo, según el texto suministrado, en acceso ampliado a instalaciones, documentos, personal y materiales relacionados con el antiguo programa.
El 9 de julio de 2026, Siria recuperó sus derechos y privilegios dentro de la OPAQ.
La misión siria ante la organización informó asimismo del hallazgo de 25 bombas tierra-tierra similares a municiones vinculadas con el ataque de 2013, además de sustancias relacionadas con la producción de sarín y equipos de mezcla y almacenamiento.
La misma fuente señaló que 18 personas, entre ellas oficiales de alto rango y expertos relacionados con el antiguo programa químico, habían sido detenidas.
La detención de Adnan Abboud Halawa y el fin de la lógica de impunidad
El proceso de rendición de cuentas se extendió también a investigaciones y detenciones dentro de Siria.
El 29 de abril de 2026, el Ministerio del Interior anunció la captura del general de división Adnan Abboud Halawa, presentado por las autoridades como uno de los oficiales presuntamente vinculados con el ataque químico de Guta Oriental.
En mayo fue detenido el general de brigada Khardal Ahmed Dioub, a quien las autoridades relacionan con tareas logísticas vinculadas a ataques químicos durante su servicio en Damasco y Harasta.
En julio, las fuerzas de seguridad arrestaron al coronel Ahmed Habib Ali, descrito como especialista en armas químicas y relacionado con almacenes de sarín y actividades de producción durante la etapa anterior.
Las responsabilidades penales individuales deberán, no obstante, determinarse mediante los correspondientes procedimientos judiciales.
Justicia transicional: un marco institucional para reparar a las víctimas
La nueva etapa incluyó también la creación de la Comisión Nacional para la Justicia Transicional mediante el Decreto Presidencial número 20, emitido el 17 de mayo de 2025.
El organismo trabaja, según las autoridades, en líneas relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la rendición de cuentas, la reparación de daños, la reconciliación nacional, las garantías de no repetición y la preservación de la memoria.
La cooperación se extendió asimismo al Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente de Naciones Unidas (IIIM), que comenzó a trabajar sobre el terreno en Siria en coordinación con las nuevas autoridades.
En mayo de 2026, representantes del mecanismo y de la Comisión Nacional para la Justicia Transicional abordaron procedimientos para gestionar, recopilar y preservar pruebas de forma segura con vistas a futuros procesos judiciales.
«No permitiremos la negación ni el olvido»: la primera conmemoración tras el cambio político
El 21 de agosto de 2025 marcó la primera conmemoración del ataque químico de Guta después del cambio político en Siria.
A las 02.00 horas, la misma hora en que comenzó el ataque doce años antes, residentes y familiares de víctimas participaron en actos conmemorativos en diferentes localidades de Guta.
También se organizaron homenajes en Damasco y actividades conjuntas de la Comisión Nacional para la Justicia Transicional y asociaciones de víctimas de armas químicas.
En julio de 2026 se celebró además en Arbin una sesión ampliada para documentar testimonios de supervivientes y estudiar las secuelas sanitarias y psicológicas que continúan afectándolos.
Al-Sharaa: la rendición de cuentas no prescribe
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, recibió el 23 de agosto de 2025 a un grupo de supervivientes de ataques químicos y afirmó que esos crímenes permanecerán como testimonio del sufrimiento de los sirios.
«La rendición de cuentas de los implicados es un derecho que no prescribe», sostuvo entonces el mandatario, según la información facilitada.
Trece años después del ataque de Guta, el expediente ha dejado de estar limitado a investigaciones técnicas y archivos internacionales y forma ya parte de los procesos nacionales de investigación y justicia transicional.
La tarea pendiente consiste ahora en transformar las pruebas acumuladas durante más de una década en procedimientos judiciales capaces de identificar responsabilidades individuales, garantizar los derechos de las víctimas y evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse.
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