Damasco, 21 ago (SANA) Trece años después del ataque con gas sarín perpetrado el 21 de agosto de 2013 contra varias zonas de Guta, en los alrededores de Damasco, el expediente de las armas químicas en Siria entra en una nueva etapa, en la que las pruebas acumuladas durante años por organismos internacionales comienzan a conectarse con mecanismos nacionales de investigación y justicia transicional.
El caso, que durante años permaneció condicionado por investigaciones internacionales, resoluciones de Naciones Unidas y controversias sobre la responsabilidad de los ataques, adquiere ahora una dimensión distinta tras la apertura de las autoridades sirias a una cooperación más amplia con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
La nueva fase busca no solo esclarecer el alcance del antiguo programa químico, sino también reconstruir las cadenas de mando, preservar las pruebas y facilitar que los responsables puedan ser identificados y llevados ante la justicia.
Guta: El crimen que cambió el rumbo del caso
El 21 de agosto de 2013, varias zonas de Guta Oriental y Occidental fueron atacadas con gas sarín en uno de los episodios más graves relacionados con el uso de armas químicas durante los años de guerra en Siria.
La Red Siria para los Derechos Humanos afirmó haber documentado la muerte de 1.144 personas, entre ellas 99 niños y 194 mujeres, además de unos 5.935 heridos.
Antes de ese episodio, organizaciones sirias e internacionales ya habían registrado decenas de denuncias sobre el uso de gases tóxicos, algunas de las cuales fueron trasladadas a organismos internacionales y a mecanismos de investigación de Naciones Unidas.
La magnitud del ataque de Guta incrementó la presión internacional y llevó a Siria a adherirse en septiembre de 2013 a la Convención sobre Armas Químicas, que entró en vigor para el país el 14 de octubre de ese mismo año.
La adhesión abrió un proceso internacional dirigido a declarar y desmantelar el programa químico y someter sus instalaciones y materiales al sistema de verificación de la OPAQ.
Sin embargo, la incorporación a la Convención no cerró el expediente. Desde 2014, la organización ha revisado las declaraciones presentadas por Siria y ha identificado lagunas e inconsistencias que mantuvieron abiertas numerosas cuestiones.
El representante permanente de Siria ante la OPAQ en La Haya, Mohammed Katoub, señaló a SANA que distintos mecanismos internacionales documentaron ataques químicos atribuidos a fuerzas del anterior Gobierno, incluidos los registrados en Khan Sheikhoun, Kafr Zita, Latamneh y Duma.
Según Katoub, no se creó, sin embargo, un mecanismo internacional específico para individualizar a los responsables del ataque del 21 de agosto de 2013 en Guta, aunque existen investigaciones abiertas en jurisdicciones nacionales europeas.
De la investigación a la rendición de cuentas
La OPAQ se convirtió con el paso de los años en uno de los actores centrales para determinar el uso de sustancias químicas y, posteriormente, atribuir responsabilidades en determinados ataques.
En marzo de 2019, su Misión de Investigación concluyó que existían motivos razonables para creer que una sustancia química tóxica, probablemente cloro molecular, había sido utilizada como arma en Duma el 7 de abril de 2018.
En 2023, el Equipo de Investigación e Identificación de la organización concluyó que existían motivos razonables para considerar que la fuerza aérea del anterior Gobierno había ejecutado ese ataque mediante helicópteros que lanzaron dos cilindros con cloro sobre edificios residenciales.
Al menos 43 personas murieron, según las conclusiones de la investigación.
La cooperación entre las nuevas autoridades sirias y la OPAQ permitió posteriormente ampliar el acceso a información, instalaciones y documentación relacionada con actividades químicas anteriores.
En septiembre de 2025, la organización confirmó que las autoridades habían facilitado información sobre más de un centenar de lugares potencialmente relacionados con actividades vinculadas a armas químicas, además de los sitios ya declarados.
La alta representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, valoró entonces el compromiso sirio con una cooperación plena y transparente para resolver las cuestiones pendientes.
En enero de 2026, otro informe de la OPAQ concluyó que existían motivos razonables para atribuir a la fuerza aérea del anterior Gobierno un ataque químico registrado en Kafr Zita, en la zona rural de Hama, en 2016.
La batalla de las narrativas: Testimonios bajo presión
La controversia sobre las armas químicas en Siria no se limitó a la conservación de pruebas físicas y al análisis científico de muestras.
También estuvo acompañada por una intensa disputa narrativa y por denuncias de intimidación y presión sobre testigos y supervivientes.
Katoub afirmó que la responsabilidad en distintos ataques fue documentada mediante metodologías de investigación que incluyeron pruebas científicas, análisis técnicos, testimonios y documentación.
A su juicio, cualquier proceso de rendición de cuentas deberá examinar también la posible responsabilidad de quienes participaron en amenazas contra testigos, manipulación de información o destrucción y ocultamiento de pruebas.
El diplomático señaló que esos actos no solo afectaron a las investigaciones, sino también a supervivientes y familiares de las víctimas que durante años buscaron esclarecer las circunstancias de los ataques.
Un camino bloqueado, pero no cerrado a la justicia
La Corte Penal Internacional (CPI) no ha podido ejercer jurisdicción directa sobre los crímenes cometidos en Siria porque el país no es Estado parte del Estatuto de Roma.
Además, el intento de remitir la situación siria a la Corte a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no prosperó en 2014.
La imposibilidad de recurrir directamente a la CPI no puso fin, sin embargo, a las vías judiciales.
Las investigaciones internacionales y el principio de jurisdicción universal permitieron que tribunales de varios países europeos abrieran causas relacionadas con crímenes internacionales cometidos durante la guerra siria.
Francia, entre otros países, abrió investigaciones vinculadas con los ataques químicos de agosto de 2013 y emitió órdenes judiciales contra antiguos responsables por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad.
Estos procedimientos mantuvieron abierto el camino hacia la rendición de cuentas en un momento en que no existían mecanismos nacionales capaces de asumir ese expediente.
Tras la caída del régimen, la situación cambia
El cambio político en Siria cuando fue derrocado el régimen de Al-Assad, abrió una nueva etapa en la relación con la OPAQ.
En febrero de 2025, el director general de la organización, Fernando Arias, visitó Damasco y se reunió con el presidente Ahmed al-Sharaa y con el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al-Shaibani, con el objetivo de restablecer la cooperación entre ambas partes.
Un mes después, al-Shaibani participó en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OPAQ en La Haya y reafirmó el compromiso del Gobierno sirio de abordar el legado del programa químico y avanzar en la búsqueda de justicia para las víctimas.
La cooperación se amplió durante los meses siguientes.
En marzo de 2026, el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Ibrahim Alabi, informó al Consejo de Seguridad de la creación de un grupo de trabajo nacional y de la presentación periódica de informes para mejorar la coordinación con la OPAQ.
Según explicó, las autoridades facilitaron visitas a más de 25 sitios declarados o sospechosos de haber estado vinculados con actividades químicas anteriores.
Los equipos internacionales recogieron muestras ambientales, examinaron documentación y accedieron a más de 10.000 documentos y registros oficiales.
También entrevistaron a 19 testigos, entre ellos personas relacionadas con el programa químico durante la etapa anterior.
En mayo de 2026, el ministro de Justicia, Mazhar al-Awais, participó en una conferencia sobre justicia celebrada en La Haya y visitó posteriormente la sede de la OPAQ, donde mantuvo conversaciones con Arias.
Ese mismo mes, la organización anunció el hallazgo de cantidades no declaradas de materiales relacionados con armas químicas, además de equipos y documentos localizados durante inspecciones efectuadas con apoyo de las autoridades sirias.
La OPAQ consideró que esos descubrimientos respaldaban evaluaciones anteriores sobre elementos del programa que no habían sido declarados.
En julio de 2026, el Consejo Ejecutivo restituyó a Siria derechos y privilegios suspendidos desde 2021 y valoró los avances registrados en la cooperación con la Secretaría Técnica.
Del documento internacional a la rendición de cuentas nacional
La nueva cooperación ha permitido que el expediente avance desde la documentación internacional hacia mecanismos que podrían facilitar investigaciones judiciales dentro del país.
Katoub explicó que las autoridades trabajan en fórmulas para permitir que las pruebas recopiladas durante años por mecanismos internacionales puedan ponerse a disposición de las instituciones judiciales sirias.
Entre esos materiales figuran documentos, testimonios, análisis científicos e información susceptible de contribuir a reconstruir la estructura del antiguo programa químico y su cadena de mando.
Las autoridades sirias han anunciado asimismo detenciones de antiguos responsables presuntamente relacionados con el programa y con ataques investigados durante los últimos años.
El objetivo, según Katoub, es crear mecanismos de cooperación entre los organismos judiciales y policiales nacionales y las estructuras internacionales de investigación, con el fin de aprovechar las pruebas ya existentes y evitar la pérdida de información.
Siria busca además ampliar su cooperación internacional para perseguir judicialmente a sospechosos que se encuentren fuera del territorio nacional.
De la memoria de Guta a la justicia transicional
Trece años después del ataque de Guta, el expediente de las armas químicas reúne ya varias capas de documentación: testimonios de víctimas y supervivientes, investigaciones de organizaciones de derechos humanos, análisis técnicos internacionales, documentos oficiales y procedimientos judiciales abiertos en distintos países.
La nueva etapa pretende conectar ese archivo con las instituciones sirias encargadas de la justicia transicional.
Para las familias de las víctimas, la cuestión ya no se limita a demostrar si se utilizaron sustancias químicas, sino a determinar quién ordenó los ataques, quién participó en su ejecución, quién contribuyó a ocultar las pruebas y qué responsabilidades penales corresponden en cada caso.
Entre Guta en 2013 y Damasco en 2026, el expediente ha pasado así de la documentación de los hechos a la búsqueda de mecanismos de rendición de cuentas.
El desafío ahora es convertir años de pruebas, testimonios e investigaciones en procesos judiciales capaces de preservar los derechos de las víctimas, combatir la impunidad y establecer garantías para evitar que crímenes semejantes vuelvan a repetirse.
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