Damasco, 12 ago (SANA) El Cuarto Tribunal Penal de Damasco dictó este martes sentencias de muerte contra Bashar al-Assad, Maher al-Assad, Atef Najib y otros acusados prófugos, tras declararlos culpables de delitos como asesinato, tortura, privación de libertad, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La causa contra Muhammad Ayman Ayoush fue archivada debido a su fallecimiento.
A continuación, una relación de los principales condenados y de los antecedentes que les atribuyen el tribunal y diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, la Red Siria para los Derechos Humanos y Justicia para los Derechos Humanos.
1. Maher al-Assad
Hermano de Bashar al-Assad y figura vinculada durante años al mando de la Cuarta División.
Según los antecedentes citados, esa unidad participó en operaciones militares y de seguridad en zonas como Moadamiyah al-Sham, Daraya, Wadi Barada, Guta Oriental, Daraa y Quneitra, incluidas campañas que provocaron muertes, desplazamientos y asedios.
Aunque asumió oficialmente el mando de la Cuarta División en 2018, su nombre estuvo asociado previamente con la gestión de sus operaciones, así como con redes financieras, logísticas y de narcotráfico.
2. Atef Najib
Primo de Bashar al-Assad y antiguo jefe de la rama de Seguridad Política en Daraa en 2011.
Su nombre quedó vinculado al arresto y tortura de varios menores en Daraa, un episodio considerado uno de los detonantes de las protestas de 2011.
El tribunal lo declaró culpable de delitos que incluyen asesinato premeditado, homicidio intencional, tortura, privación de libertad e incitación al asesinato, algunos de ellos calificados como crímenes de lesa humanidad.
3. Fahd Jassem al-Freij
Fue jefe adjunto del Estado Mayor, jefe del Estado Mayor desde 2011 y ministro de Defensa entre 2012 y 2018.
Su nombre aparece vinculado a la planificación y supervisión de campañas militares lanzadas contra zonas controladas por la oposición.
Según organizaciones de derechos humanos citadas en el informe, durante su etapa como ministro de Defensa firmó órdenes de ejecución contra decenas de miles de personas.
4. Louay al-Ali
Fue responsable de Seguridad Militar en Daraa y posteriormente jefe de la rama de Seguridad Militar en Suwayda y la región sur.
Los antecedentes citados lo vinculan con operaciones militares y de seguridad en Daraa, incluido el asalto a la mezquita Al-Omari, así como con detenciones, torturas, bombardeos y redes de narcotráfico y secuestro.
5. Wafiq al-Nasser
Dirigió la rama de Inteligencia Militar en Suwayda y la región sur entre 2011 y 2018 y encabezó el comité de seguridad de la zona.
Su nombre fue relacionado con secuestros, asesinatos, atentados y redes de narcotráfico, además de la formación de grupos armados a partir de personas vinculadas a actividades delictivas.
6. Qusay Mahyoub
Se desempeñó como subdirector de la rama de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Harasta.
Con el inicio de las protestas de 2011, fue enviado a Daraa al frente de una fuerza de seguridad y quedó asociado con operaciones contra manifestantes en torno a la mezquita Al-Omari.
También fue relacionado con el asedio y asalto a Daraa y con graves abusos cometidos contra detenidos.
7. Talal al-Aysami
Antes de 2011 ocupó el cargo de jefe de la Unidad de Misiones Especiales del Ministerio del Interior.
Su nombre quedó vinculado a operaciones de seguridad en Daraa y, en particular, al asalto a la mezquita Al-Omari y al uso de munición real contra manifestantes.
8. Muhammad Ayman Ayoush
Funcionario militar y de seguridad del depuesto régimen.
Fue acusado de tortura con resultado de muerte, privación de libertad, detención arbitraria e incitación y participación en asesinatos.
La causa penal en su contra fue archivada debido a su fallecimiento, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.
Órdenes de arresto y confiscación de bienes
El tribunal decidió mantener las órdenes de arresto contra los acusados prófugos y remitir las sentencias a las autoridades competentes para impulsar su persecución internacional.
Asimismo, confirmó la incautación preventiva de sus bienes muebles e inmuebles, la privación de derechos civiles y la obligación de indemnizar a los demandantes cuyas reclamaciones fueron admitidas.
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