Damasco, 6 ago (SANA) El procesamiento de los responsables de los ataques químicos cometidos en Siria es indispensable para garantizar justicia y reparación a las víctimas, afirmó Nidal Shekhani, director del Centro Sirio para la Documentación de Violaciones Químicas.
En una entrevista concedida al canal de noticias sirio Ikhbariya TV, Shekhani subrayó la necesidad de completar los procedimientos de rendición de cuentas en los ámbitos nacional e internacional, especialmente en relación con el ataque perpetrado en 2018 contra la ciudad de Douma, en las afueras de Damasco.
El responsable señaló que los procesos judiciales deben ir acompañados de programas de atención a los supervivientes y afectados, incluida su rehabilitación física y psicológica, debido a las consecuencias prolongadas de la exposición a sustancias tóxicas.
Shekhani afirmó que la conmemoración de los ataques químicos contribuye a preservar la memoria colectiva de la sociedad siria e impide que estos crímenes sean ignorados o que sus efectos desaparezcan del debate público.
Las repercusiones sanitarias, psicológicas y sociales, añadió, continúan afectando la sensación de seguridad y estabilidad en las comunidades que sufrieron esos ataques.
Documentación y cooperación internacional
El director explicó que el Centro documenta las presuntas violaciones mediante una metodología basada en la recopilación de datos, la verificación de testimonios y su comparación con los estándares internacionales.
Esta labor, indicó, busca respaldar las investigaciones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y de otros mecanismos internacionales encargados de determinar el uso de sustancias prohibidas, identificar a los responsables y reunir pruebas para futuros procesos judiciales.
Los expedientes elaborados por la organización son remitidos a las instituciones internacionales competentes, mientras los ministerios sirios de Justicia e Interior trabajan para identificar tanto a quienes emitieron las órdenes como a quienes participaron en su ejecución, según Shekhani.
El responsable advirtió que varios de los principales sospechosos abandonaron Siria, lo que obliga a reforzar la cooperación judicial internacional, concluir acuerdos de extradición y coordinar acciones con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
A su juicio, la persecución de los acusados fuera del territorio sirio será decisiva para evitar la impunidad y garantizar que todos los implicados comparezcan ante la justicia.
Un informe del Equipo de Investigación e Identificación de la OPAQ, publicado el 27 de enero de 2023, atribuyó a las fuerzas del derrocado régimen de Al-Assad la responsabilidad por el ataque químico contra Douma del 7 de abril de 2018.
La investigación concluyó que se empleó gas cloro y que el ataque causó la muerte de 43 civiles, entre ellos diez niños y quince mujeres.
En enero de 2026, la OPAQ informó también que fuerzas del depuesto régimen habían utilizado cloro en un ataque contra la ciudad de Kafr Zita, en la provincia de Hama, en 2016, que causó lesiones directas a al menos 35 personas.
Secuelas humanas y daños ambientales
Shekhani señaló que numerosos supervivientes padecen todavía lesiones permanentes, trastornos neurológicos, problemas psicológicos y otras complicaciones de salud a largo plazo.
También mencionó la existencia de casos de malformaciones congénitas y reclamó la creación de un organismo especializado que permita dar seguimiento a las víctimas, garantizar asistencia médica y psicológica y diseñar mecanismos de reparación.
El impacto de las armas químicas, agregó, no se limita a las personas, sino que alcanza el medioambiente y la producción agrícola.
La contaminación del suelo y los daños ocasionados a las tierras de cultivo exigen programas prolongados de evaluación, rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas, afirmó.
Los Estados miembros de la OPAQ suspendieron en abril de 2021 algunos derechos de Siria dentro de la organización, incluido el voto, tras determinar que el anterior Gobierno no había adoptado las medidas exigidas en relación con varios ataques químicos.
La decisión se vinculó con investigaciones sobre incidentes ocurridos en Al-Lataminah, en la provincia de Hama, en 2017, y en Saraqib, en Idlib, en febrero de 2018.
Para Shekhani, el esclarecimiento de esos casos, la atención integral a las víctimas y la restauración de las zonas contaminadas constituyen partes inseparables de un mismo proceso de justicia.
fm/ed
