Damasco, 10 jul (SANA) Durante décadas, el derrocado régimen de Al-Assad se apoyó en leyes excepcionales y medidas de seguridad que consolidaron el autoritarismo y concedieron a los organismos de seguridad amplias facultades para detener a personas al margen de las garantías legales y judiciales.
Tras el inicio de la Revolución Siria, las campañas de arrestos se intensificaron y alcanzaron a miles de personas, muchas de las cuales fueron víctimas de desaparición forzada, mientras sus familias permanecían sin información sobre su paradero o los centros en los que estaban recluidas.
Durante años, miles de familias buscaron noticias sobre sus seres queridos hasta descubrir, en numerosos casos y sin notificación previa, que habían sido inscritos como fallecidos en los registros civiles.
Los cuerpos no fueron entregados y las autoridades tampoco revelaron las circunstancias de las muertes ni los lugares de inhumación, lo que convirtió este asunto en uno de los principales desafíos para la búsqueda de la verdad y el proceso de justicia transicional en Siria.
El registro de los desaparecidos como fallecidos
La jefa del Departamento de Detenidos y Desaparecidos e investigadora de la Red Siria para los Derechos Humanos, Nour Abdul Ghani Arabo, afirmó a SANA que registrar como fallecidas a víctimas de desaparición forzada sin aclarar las circunstancias de su muerte, entregar sus cuerpos o informar sobre sus lugares de entierro constituye una de las violaciones más graves cometidas por el régimen depuesto.
Según explicó, esta práctica pretendía cerrar administrativamente los expedientes sin revelar la verdad ni exigir responsabilidades a quienes participaron en las violaciones.
Arabo señaló que el procedimiento comenzó a salir a la luz en 2018, cuando cientos de familias acudieron a las oficinas del registro civil y descubrieron que sus familiares desaparecidos habían sido inscritos como fallecidos sin que mediara notificación oficial.
Las familias no recibieron los cuerpos ni información sobre las causas de las muertes o los lugares de enterramiento, una situación que, según la investigadora, les provocó un profundo trauma psicológico después de años de conservar la esperanza de que sus seres queridos regresaran.
1.609 casos documentados, incluidas mujeres y niños
La Red Siria para los Derechos Humanos había documentado hasta finales de 2022 al menos 1.609 casos de personas desaparecidas por la fuerza que fueron inscritas como fallecidas en el registro civil, entre ellas mujeres y niños.
Arabo precisó que se trata de una cifra mínima verificada mediante certificados oficiales de defunción y advirtió de que el número real podría ser considerablemente mayor.
La organización aplica una metodología que exige respaldar cada caso con documentos oficiales, en lugar de basarse en estimaciones o testimonios no corroborados.
La mayoría de los certificados carecía de información precisa sobre las causas de las muertes, mientras que algunos indicaban que los decesos habían ocurrido en centros de detención u hospitales militares.
Para la investigadora, estos documentos refuerzan las pruebas reunidas por la Red sobre muertes bajo custodia causadas por torturas o ejecuciones extrajudiciales.
Nuevas confesiones refuerzan las pruebas de violaciones
El Ministerio de Justicia difundió el 15 de junio un video con las confesiones de varios médicos militares detenidos que habían prestado servicio durante el régimen depuesto.
En la grabación, los detenidos admitieron haber participado en el robo de órganos y en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Hospital Militar de Tishreen.
Las autoridades sirias calificaron esos hechos de graves violaciones de la dignidad humana y de la ética médica, y afirmaron que fueron cometidos bajo órdenes de la cabeza del depuesto régimen, Bashar Al-Assad.
El registro de la defunción no revela la verdad
Arabo subrayó que la inscripción de una muerte en el registro civil no equivale a esclarecer el destino de una víctima de desaparición forzada.
El derecho de las familias a conocer la verdad, explicó, exige determinar las circunstancias, la fecha y el lugar de la muerte, localizar y entregar los restos, y realizar investigaciones independientes para identificar y procesar a los responsables.
Por ello, el simple registro administrativo del fallecimiento no puede considerarse una respuesta suficiente ni pone fin a las obligaciones legales del Estado.
Registros del estado civil: pruebas de apoyo para las investigaciones
Los registros del estado civil constituyen ahora documentos oficiales que pueden respaldar las investigaciones sobre desapariciones forzadas, según Arabo.
Sin embargo, por sí solos no resuelven esos casos, ya que miles de familias continúan sin conocer el destino de sus familiares, las circunstancias de sus muertes o los lugares en los que fueron enterrados.
La investigadora recordó que el régimen depuesto incumplió los procedimientos legales establecidos para registrar los fallecimientos ocurridos en centros de detención.
La Ley del Registro Civil exigía documentar formalmente cada muerte y notificarla al funcionario competente, pero estos procedimientos no se aplicaron de manera regular.
Tampoco se abrieron investigaciones para determinar las causas de los decesos, identificar a los responsables, informar a las familias o entregarles los cuerpos.
Estas prácticas, según Arabo, prolongaron una cadena de violaciones que comenzaba con la detención arbitraria y la desaparición forzada, continuaba con la tortura y las condiciones inhumanas de reclusión, y culminaba con la negación del derecho de las familias a conocer la verdad.
El uso de instituciones estatales y registros oficiales para ocultar el destino de las víctimas refleja, añadió, un mecanismo sistemático destinado a encubrir las huellas de esas violaciones.
Desaparición forzada: un delito continuado según el derecho internacional
Arabo explicó que, conforme al derecho internacional, el delito de desaparición forzada continúa mientras se desconozcan la suerte o el paradero de la persona.
La inscripción de una defunción sin aclarar las circunstancias de la muerte ni devolver los restos a la familia no modifica la calificación jurídica del delito ni exime de responsabilidad a sus autores.
La desaparición forzada está prohibida por el derecho internacional humanitario, que obliga a las partes en conflicto a buscar a las personas desaparecidas e informar a sus familiares sobre su destino.
Cuando estas prácticas se cometen de manera generalizada o sistemática, pueden constituir crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Descubrir la verdad, un pilar de la justicia transicional
Arabo destacó que preservar los registros oficiales y facilitar su acceso a las autoridades judiciales y a los organismos nacionales competentes resulta esencial para el éxito de la justicia transicional.
También consideró prioritario localizar fosas y lugares de enterramiento, permitir que las familias conozcan la verdad y facilitarles la recuperación de los restos de sus seres queridos.
Estas medidas, añadió, son necesarias para impulsar la rendición de cuentas, reparar a las víctimas y establecer garantías de no repetición.
Tras la caída del régimen de Al-Assad, el Estado sirio intensificó los esfuerzos para afrontar el legado de graves violaciones mediante un proceso nacional de justicia transicional orientado a esclarecer los hechos, reparar a las víctimas, procesar a los responsables y consolidar el Estado de derecho.
En este contexto, fueron creadas la Comisión Nacional de Justicia Transicional y la Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas.
Ambas instituciones tienen la misión de coordinar los esfuerzos nacionales para determinar el destino de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada, documentar las violaciones, fortalecer la rendición de cuentas y avanzar en los mecanismos de reparación.
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