Damasco, 18 jun (SANA) Tras más de una década de guerra marcada por violaciones de derechos humanos, detenciones, desapariciones forzadas y masacres atribuidas al derrocado régimen de Al-Assad, Siria afronta hoy el reto de procesar un legado de profundas heridas sociales y humanas.
En medio de las demandas de las víctimas de justicia y reparación, y la necesidad de preservar la paz civil, la justicia transicional se perfila como el marco jurídico llamado a equilibrar la rendición de cuentas con la estabilidad, con el objetivo de sentar las bases de un Estado de derecho basado en la ciudadanía y sin espacio para la impunidad.
Expertos y responsables jurídicos consultados por SANA coinciden en que este proceso debe desarrollarse bajo procedimientos judiciales claros, sustentados en la investigación, la recopilación de pruebas y la documentación rigurosa de los hechos, garantizando juicios justos y el respeto de las garantías procesales.
La documentación como base de la rendición de cuentas
El presidente del Colegio de Abogados, Mohammed Ali al-Tawil, subrayó que el principio de “no hay pena sin prueba ni condena sin juicio justo” constituye el pilar de cualquier sistema judicial equitativo. En su opinión, la justicia no puede construirse sobre la venganza ni sobre acusaciones sin fundamento, sino sobre pruebas verificables y procedimientos sólidos que aseguren tanto los derechos de las víctimas como los de los acusados.
Al-Tawil advirtió que los procesos apresurados o carentes de evidencias suficientes pueden derivar en fallos impugnables, debilitando la confianza en las instituciones judiciales y poniendo en riesgo la reparación de las víctimas. Insistió en que la documentación profesional de testimonios y pruebas es esencial para construir casos consistentes, junto con la protección de testigos y víctimas como condición indispensable para una justicia transicional efectiva.
La reconciliación nacional se basa en la justicia
El dirigente gremial sostuvo que la creación de una Comisión Nacional para la Justicia Transicional representa un paso institucional relevante en el abordaje del legado de violaciones. Según explicó, este organismo debería operar con independencia y transparencia, coordinando los esfuerzos de rendición de cuentas, búsqueda de la verdad y reparación, en un marco orientado a la reconciliación nacional.
Al-Tawil también valoró los procesos de detención de miles de personas presuntamente implicadas en violaciones, incluidos altos mandos militares y de seguridad, como una señal de compromiso estatal con el principio de igualdad ante la ley y la lucha contra la impunidad.
En este contexto, defendió la celebración de juicios públicos como una garantía de transparencia y confianza ciudadana en el sistema judicial, al tiempo que subrayó que la justicia debe basarse en la responsabilidad individual y no en criterios colectivos, para evitar tensiones sociales.
Reparación para las víctimas
El presidente del Colegio de Abogados destacó que la justicia transicional no se limita a los procesos judiciales, sino que incluye también mecanismos de reparación a las víctimas, la investigación de la verdad y la preservación de la memoria histórica. Estos elementos, dijo, son fundamentales para restituir la dignidad de las víctimas y evitar la repetición de los hechos.
Estimó que estos procesos pueden prolongarse entre cinco y quince años, en función de la magnitud de las violaciones, lo que exige continuidad institucional, voluntad política y recursos sostenidos.
Al-Tawil recordó además que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía, lo que, a su juicio, refuerza el principio de que la justicia debe prevalecer con independencia del tiempo transcurrido.
Acelerar la justicia transicional
Por su parte, el investigador Jumaa Muhammad Lahib, del Movimiento Futuro Sirio, calificó la justicia transicional como una necesidad nacional imprescindible para garantizar la rendición de cuentas, esclarecer la verdad y consolidar la reconciliación.
Sin embargo, advirtió de los riesgos derivados de la magnitud de las violaciones, la amplitud de los implicados y la complejidad del tejido social, factores que pueden ralentizar el proceso o generar expectativas difíciles de gestionar.
Lahib subrayó la importancia de compatibilizar las demandas sociales de justicia con la estabilidad del Estado, y consideró clave acelerar los procedimientos legales mediante juicios públicos que eviten el recurso a la venganza. En su opinión, el desafío central es distinguir entre la justicia penal, como garantía institucional, y cualquier forma de represalia.
La magnitud de las atrocidades, un reto central
El investigador y profesor universitario Abdul Rahman al-Hajj señaló que la justicia transicional en Siria enfrenta dificultades estructurales debido a la escala de los crímenes cometidos y a la profundidad de las divisiones sociales. A ello se suman los desafíos asociados a la reconstrucción y la recuperación del país.
Al-Hajj consideró que la lentitud del proceso puede generar frustración entre las víctimas, especialmente si la rendición de cuentas se percibe como incompleta. Por ello, defendió acelerar los mecanismos judiciales, siempre bajo control del Estado y con participación social en su supervisión.
Miles de personas bajo el alcance de la justicia
En este marco, el Ministerio del Interior difundió cifras sobre detenciones de antiguos responsables militares y de seguridad, que incluyen a varios centenares de oficiales de distintos rangos, además de miles de personas acusadas de violaciones durante los años de conflicto.
Entre los detenidos figuran también nombres señalados en casos emblemáticos, como el de la masacre de Tadamon o la represión de las protestas de 2011 en Deraa, en procesos judiciales que las autoridades presentan como los primeros pasos visibles hacia la rendición de cuentas en el nuevo marco legal del país.
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