Ginebra, 26 feb (SANA) El gobierno sirio reafirmó su compromiso con los derechos humanos y aseguró que los sucesos ocurridos el año pasado en la región costera siria y en la provincia de Sweida no constituyen una política de Estado, sino el resultado directo de un legado sectario tóxico cultivado por el depuesto régimen durante décadas.
“No alegamos aquí que somo perfectos, sino que nos presentamos aquí con total honestidad, transparencia y responsabilidad para hablar también de los reveses y desafíos. Las regiones costeras y posteriormente Sweida fueron testigos de dolorosos acontecimientos durante el último año, en los que cayeron víctimas inocentes. Nosotros, junto con toda conciencia humana, no justificamos ni aceptamos estos acontecimientos”, afirmó el jefe de la delegación siria en una reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra.
El representante afirmó que, según confirmaron las investigaciones, lo ocurrido no fue una política estatal, sino la consecuencia de un legado sectario basado en la manipulación y la siembra del miedo entre las diferentes comunidades, lo que dejó una sociedad cargada de agravios y tensiones acumuladas.
Añadió que estos hechos se produjeron en un contexto social y de seguridad delicado, agravado por actores externos que, según explicó, empoderaron a elementos separatistas armados y alimentaron la violencia, en contradicción con los esfuerzos para estabilizar el país y unificar sus instituciones.
El jefe de la delegación subrayó que “abordar estos incidentes requiere aplicar la ley, proteger a la población civil y prevenir represalias, sin recurrir a generalizaciones que atribuyan al Estado un enfoque que no adopta”.
Indicó que el gobierno actuó con alto grado de responsabilidad y conformó una comisión oficial independiente integrada por jueces, expertos legales y representantes de la comunidad local, la cual presentó un escrito de acusación ante el poder judicial con más de 560 sospechosos.
Señaló además que en Sweida se estableció un comité conjunto de seguridad civil con representantes del Estado y de autoridades sociales y religiosas locales, que adoptó medidas inmediatas como la suspensión de funciones de los implicados y la remisión de sus casos a la justicia.
El funcionario explicó que se emitieron instrucciones públicas que enfatizan el estricto cumplimiento de las reglas de enfrentamiento, la protección de los civiles y la prevención de cualquier acto de venganza o castigo colectivo, y recalcó que el principal criterio de evaluación es la protección de la población, la contención de las tensiones y el fortalecimiento del poder judicial nacional.
Operaciones en Alepo y Al-Jazira
El jefe de la delegación indicó que las autoridades pasaron de reaccionar a los acontecimientos a desarrollar nuevos enfoques, y señaló que en las recientes operaciones en Alepo y Al-Jazira, las fuerzas gubernamentales actuaron según un plan que priorizó la dimensión humanitaria sobre la de seguridad.
Este plan incluyó el control estricto de la conducta de las fuerzas, la prevención de transgresiones individuales, el uso de la negociación y la mediación local en lugar de la acción militar, la apertura de corredores humanitarios y la garantía de la libre circulación de civiles y ayuda, así como la exclusión de instituciones educativas y de servicio de cualquier operación militar.
El representante destacó que estas medidas produjeron resultados tangibles, entre ellos la disminución significativa de la violencia y de las violaciones, la reducción del temor entre los residentes y la mejora de la estabilidad local, lo que permitió el retorno a la actividad cívica.
Subrayó que estos resultados confirman que lo ocurrido en la región costera y en Sweida no fue una política sistemática del Estado, sino transgresiones individuales en un contexto de seguridad extremadamente sensible, y añadió que tales hechos fueron abordados mediante decisiones claras, rendición de cuentas efectiva y mejoras en la doctrina aplicada sobre el terreno.
La reunión de alto nivel, celebrada en el marco del 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se inauguró el pasado lunes en Ginebra con una amplia participación de líderes y funcionarios internacionales.
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