Alepo, 18 dic (SANA) El Palacio de Justicia de la provincia norteña siria de Alepo acogió hoy la segunda sesión del juicio público contra los acusados de cometer violaciones durante los sucesos ocurridos en la región costera siria el pasado 6 de marzo, en un paso hacia la rendición de cuentas y la transparencia judicial.
Juicios públicos y supervisión internacional
El presidente de la Comisión Nacional Independiente de Investigación en estos hechos, el juez Jumaa al-Anzi, afirmó a través de la red social X que el Gobierno sirio apuesta por juicios públicos y abiertos como vía para “romper el ciclo de violencia e impunidad”, reforzar la supervisión ciudadana y garantizar los derechos de los acusados.
Según indicó, representantes de organizaciones internacionales y civiles de derechos humanos asistirán a las audiencias.
Al-Anzi subrayó que amplios sectores de la población esperan un proceso de justicia transicional más amplio y señaló que la dimensión del caso exige una preparación considerable para depurar responsabilidades entre miles de implicados del antiguo régimen.
Antecedentes del proceso y cifras oficiales
La primera sesión del juicio contra 14 acusados se celebró el 18 del mes pasado de noviembre en Alepo, con la presencia de familiares de las víctimas. En una primera parte fueron juzgados siete detenidos, considerados remanentes del depuesto régimen, acusados de incitación a la violencia sectaria, robo y agresiones contra las fuerzas de seguridad y el Ejército Árabe Sirio; su vista fue aplazada hasta este 18 de diciembre. En una segunda parte comparecieron otros siete acusados, vinculados a grupos armados, por delitos de robo y asesinato, con aplazamiento hasta el 25 de diciembre.
El pasado 22 de julio, la Comisión Nacional para la Investigación difundió un informe en el que atribuyó a remanentes del antiguo régimen operaciones armadas contra cuarteles del ejército y fuerzas de seguridad el 6 de marzo, que causaron la muerte de 238 efectivos en las provincias de Latakia, Tartus y Hama.
Según el documento, se identificó a 265 sospechosos implicados en delitos como asesinato, tortura, robo a mano armada, incitación a la discordia sectaria e intento de secesión, de acuerdo con la legislación penal siria.
La comisión verificó además 1.426 víctimas, entre ellas 90 mujeres, en su mayoría civiles.
El comité, creado por decreto presidencial el 9 de marzo, logró identificar por su nombre a 298 presuntos responsables tras analizar testimonios, pruebas digitales e informes oficiales y de la sociedad civil. El 10 de abril, el presidente Ahmed al-Sharaa prorrogó su mandato por tres meses adicionales, sin posibilidad de nueva extensión.
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