Damasco, 7 dic (SANA) En el aniversario de la Liberación de Siria y la caída del depuesto régimen, la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) publicó hoy un informe exhaustivo en el que actualiza su registro de violaciones y reitera su llamado a establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los responsables de crímenes cometidos durante más de una década.
La organización señaló que esta fecha constituye un ejercicio de memoria y un llamado renovado a la justicia.
Según el informe, la conmemoración plantea serias dudas sobre el progreso de la justicia transicional en Siria, y subraya la necesidad de que las autoridades actuales, junto con la comunidad internacional, avancen en la implementación de procesos que garanticen responsabilidad penal, esclarezcan el paradero de los desaparecidos forzados y aseguren reparación a las víctimas.
El documento incluye datos actualizados gracias al acceso a nuevas zonas y a testimonios recopilados tras la disminución del miedo entre la población luego de la caída del régimen.
Un balance devastador
De acuerdo con el informe, la SNHR documentó 202.021 civiles muertos, entre ellos 23.138 niños y 12.036 mujeres. Señaló también el asesinato de 662 profesionales médicos y 559 trabajadores de prensa.
La organización registró además 45.032 muertes bajo tortura, incluidos 216 menores y 95 mujeres, así como 160.123 personas desaparecidas, entre ellas 3.736 niños y 8.014 mujeres.
El informe incluye 566 ataques contra instalaciones médicas, 1.287 ataques contra escuelas y guarderías y 1.042 agresiones contra lugares de culto.
Asimismo, la SNHR documentó el uso de 81.954 bombas de barril, que habrían causado la muerte de 11.092 civiles, así como 217 ataques químicos, con 1.514 fallecidos y 11.080 heridos. También quedaron registrados 254 ataques con municiones de racimo, que provocaron 835 muertes, además de 52 ataques con armas incendiarias.
Estas violaciones, indica el organismo, contribuyeron al desplazamiento interno de 6,8 millones de personas y a la salida de cerca de 7 millones hacia otros países.
Una red estructurada de perpetradores
El informe sostiene que los crímenes del antiguo régimen fueron ejecutados por una amplia estructura de actores, entre ellos servicios de seguridad, fuerzas militares, un poder judicial instrumentalizado e instituciones civiles vinculadas a desapariciones forzadas y manipulación de registros.
La SNHR identificó 16.200 personas presuntamente implicadas, entre ellas 6.724 miembros de fuerzas oficiales y 9.476 afiliados a milicias, relacionados con detenciones, torturas y atentados con explosivos.
La organización subrayó también la responsabilidad de jueces y tribunales de excepción en la legitimación de abusos, así como la de funcionarios públicos en el encubrimiento del destino de detenidos y en el saqueo de bienes. Señaló, además, la participación de empresarios, artistas y periodistas en la proyección de una imagen favorable del régimen ante la opinión pública local e internacional.
Implicaciones legales y responsabilidad internacional
El informe recordó que, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, quienes hayan participado en crímenes internacionales quedan excluidos del derecho al asilo, conforme al Artículo 1(f). No obstante, precisó que el principio de no devolución permanece vigente, y que los Estados pueden conceder protección temporal mientras cooperan con procesos judiciales.
En este contexto, la SNHR instó a Rusia a reconsiderar su decisión de otorgar asilo a Bashar al-Asad, al estimar que dicha medida contradice la obligación internacional de no proporcionar refugio seguro a personas acusadas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, llamó a la ONU y a la comunidad internacional a ejercer mayor presión diplomática para impedir que el asilo se convierta en herramienta de impunidad.
Recomendaciones finales
El informe concluye con una serie de recomendaciones destinadas a impulsar la justicia transicional, revelar el destino de los desaparecidos, fortalecer la independencia del poder judicial y preservar los archivos relacionados con las violaciones documentadas. La SNHR destacó también la importancia de empoderar a las víctimas y garantizar su participación activa en los procesos de reconstrucción institucional.
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