Damasco, 16 nov (SANA) Cuatro meses después del secuestro de Hamza Al-Amarin, el director de la Defensa Civil Siria (DCS) en la gobernación de Deraa, la institución humanitaria volvió hoy a exigir su liberación inmediata e incondicional, al denunciar que su retención por grupos armados en la provincia de Sweida constituye una violación flagrante del derecho internacional.
En una nota divulgada a través de su canal de Telegram, la entidad recordó que Al-Amarin fue capturado el 16 de julio mientras participaba en una misión para evacuar a civiles y asistir a un equipo de Naciones Unidas, acción que, subrayó, se enmarca plenamente en la labor neutral y humanitaria que desarrolla la entidad.
En una nota divulgada a través de su canal de Telegram, la entidad recordó que Al-Amarin fue capturado el 16 de julio mientras participaba en una misión para evacuar a civiles y asistir a un equipo de Naciones Unidas, acción que, subrayó, se enmarca plenamente en la labor neutral y humanitaria que desarrolla la entidad.
La DCS destacó que el funcionario ha dedicado su vida a salvar a otros, y que encabezó operaciones de respuesta en algunos de los escenarios más complejos del país. La prolongación de su cautiverio, advirtió, amenaza la neutralidad de las labores de socorro y mina la confianza de la comunidad internacional en los mecanismos de protección al personal humanitario.
El comunicado exhorta a las autoridades competentes a asumir sus responsabilidades legales y morales, esclarecer el paradero del directivo y garantizar su integridad. Asimismo, reafirma que la institución continuará trabajando para proteger a sus voluntarios y asegurar el cumplimiento de su misión, en consonancia con las obligaciones internacionales de Siria en materia de derechos humanos y asistencia humanitaria.
El derecho internacional humanitario, especialmente los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, establece la obligación de proteger al personal de socorro y asegurar su neutralidad durante los conflictos armados.
La ONU, por su parte, ha reiterado que los ataques o secuestros contra rescatistas constituyen crímenes de guerra y entorpecen los esfuerzos globales destinados a preservar la estabilidad y salvaguardar a la población civil.
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