Damasco, SANA
Siria condenó las frecuentes prácticas criminales de las tropas de ocupación turcas contra el pueblo y la soberanía e integridad territorial de Siria por medio de distintos métodos, entre ellos los cortes de agua a la población de la ciudad de Hassakeh y sus suburbios.
En dos cartas con texto idéntico dirigidas al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad, el Ministerio de Exteriores y Expatriados exigió a ambos organismos internacionales que intervengan de inmediato para obligar al régimen turco a poner en funcionamiento la planta de agua de Aluk, y que ponga fin a sus violaciones, agresión y ocupación de partes del territorio sirio.
“A continuación de nuestros mensajes anteriores sobre las violaciones turcas y las agresiones peligrosas y frecuentes a la soberanía e integridad territorial de la República Árabe de Siria, quisiéramos informarles que en marco de una política sistemática y abierta las tropas de ocupación turca cortaron nuevamente el agua al impedir el funcionamiento de la planta Aluk considerada como la principal fuente de agua potable para más de un millón de personas en la ciudad de Hassakeh y sus suburbios”, afirmó cancillería en sus misivas.
Denunció que la población aún sufre repetidos cortes de agua que suman ya 17 cortes desde el 9 de octubre del 2019 que es la fecha de la ocupación turca del municipio de Ras al-Ain donde se ubica la planta que se encuentra sin funcionamiento desde el 30 de noviembre del 2020 y hasta el momento. “Eso va en marco de una política turca barata de extorsión y presión al gobierno sirio”, indicó.
Las cartas destacan que Damasco condena esas prácticas criminales contra el pueblo sirio y tacha el corte de agua a la población de Hasakeh como una violación flagrante de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
“El hecho de cortar el agua a más de un millón de ciudadanos constituye un crimen de guerra codificado que se añade a la ocupación y agresión”, añadió.
Asimismo, exigió al Consejo de Seguridad y a la Secretaría General de las Naciones Unidas que intervengan de inmediato para obligar al régimen turco a respetar las más elementales normas del derecho internacional y, comprometerlo a poner en funcionamiento la planta de Aluk y hacer frente a esas prácticas inhumanas que se proponen asfixiar a los civiles y privarlos de los medios de vida.
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