Damasco, 10 may (SANA) El Cuarto Tribunal Penal del Palacio de Justicia de Damasco celebró hoy la segunda sesión del juicio contra Atef Najib, una de las figuras más destacadas del antiguo régimen sirio, acusado de cometer crímenes contra la población civil.
A la audiencia asistieron familiares de víctimas procedentes de la gobernación de Deraa, miembros de la Comisión Nacional de Justicia Transicional y representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales.
La sesión estuvo presidida por el juez Fakhr al-Din Mustafa al-Aryan, acompañado por los magistrados Abdul Hamid Muhammad al-Hamoud y Hussam Hussein Abdul Rahman, además del fiscal Omar Mahmoud al-Radi.
Durante la audiencia, el tribunal dio lectura a los nombres de varios acusados prófugos, entre ellos Bashar al-Assad, Maher al-Assad, Fahd al-Freij, Louay al-Ali y Wafiq Nasser, además de otros exresponsables del aparato de seguridad y militar.
El juez presidente anunció que el tribunal resolvió confirmar la condición de prófugos de los acusados, tras haber sido notificados oficialmente sin comparecer ante la justicia, y en consecuencia, ordenó continuar el proceso en rebeldía, privarlos de sus derechos civiles y someter sus bienes muebles e inmuebles a administración estatal, conforme al artículo 322 del Código de Procedimiento Penal.
La sesión se centró principalmente en el interrogatorio de Atef Najib y en la presentación formal de los cargos en su contra, relacionados con su presunta responsabilidad directa y compartida en la ejecución de actos sistemáticos contra civiles en la gobernación de Deraa durante su mandato como jefe de la rama de Seguridad Política.
La acusación sostiene que dichos actos incluyeron asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.
Según el expediente presentado ante el tribunal, en febrero de 2011 las fuerzas de seguridad del entonces gobierno arrestaron a niños y estudiantes por realizar pintadas y consignas políticas, y de acuerdo con la acusación, los detenidos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, incluidas descargas eléctricas y severas golpizas, que habrían causado la muerte de varios de ellos, asimismo, se denunció la negativa a liberar a los detenidos y las amenazas dirigidas contra sus familiares.
Los cargos incluyen además la participación en la represión de protestas pacíficas mediante el uso de fuerza letal y munición real, así como implicación en la denominada “Masacre de la Mezquita de Al-Omari”.
La fiscalía también atribuye a los acusados responsabilidad en asesinatos sistemáticos, ataques contra manifestantes pacíficos y actos de tortura que derivaron en muertes dentro de centros de detención.
De igual forma, la acusación sostiene que los procesados actuaron en coordinación con responsables militares y de seguridad dentro de una estructura jerárquica organizada para ejecutar estas violaciones graves.
Los actos imputados a los acusados constituyen crímenes de guerra
El juez explicó que el tribunal aborda el caso en el marco del proceso de justicia transicional, de conformidad con las disposiciones de la Declaración Constitucional de 2025, así como con los tratados y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Asimismo, señaló que los hechos atribuidos a los acusados constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, delitos que, según el derecho internacional, no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía.
El funcionario añadió que las acusaciones también incluyen delitos tipificados en el Código Penal sirio, entre ellos asesinato premeditado, tortura, secuestro, incitación a la violencia sectaria y a la guerra civil, además de blanqueo de capitales.
Al término de la audiencia, el juez Fakhr al-Din Mustafa al-Aryan ordenó suspender la transmisión en directo de las sesiones a los medios de comunicación, debido al carácter sensible de los testimonios y argumentos presentados, que incluyen documentos confidenciales, información reservada y datos relacionados con testigos protegidos.
No obstante, la audiencia continuó abierta al público y contó con la presencia de representantes de la fiscalía y del Ministerio Público, mientras el Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia asumió la documentación oficial del proceso.
Finalmente, el tribunal decidió aplazar la sesión hasta el próximo 19 de mayo.
Los crímenes cometidos no están sujetos a amnistía ni a prescripción
Durante la audiencia, el fiscal Omar Mahmoud al-Radi afirmó que los acontecimientos registrados en la gobernación de Deraa en 2011 marcaron el inicio de una extensa etapa de violaciones contra la población civil siria.
Además, confirmó que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no pueden ser objeto de amnistía ni están sujetos a prescripción.
En sus alegatos finales, al-Radi declaró que “Deraa fue la cuna de la Revolución, y desde allí debe comenzar también el camino hacia la justicia”.
También explicó que los acontecimientos se desencadenaron tras la detención de varios niños que habían escrito consignas contra el entonces gobierno en las paredes de su escuela.
Según la acusación, los menores fueron sometidos a graves actos de tortura, entre ellos la extracción de uñas y descargas eléctricas.
Asimismo, indicó que destacadas figuras sociales y comunitarias de Deraa intentaron mediar para conseguir la liberación de los niños, pero, de acuerdo con la fiscalía, Atef Najib, quien dirigía entonces la rama de Seguridad Política en la provincia, reaccionó de forma humillante y violenta contra los mediadores.
Uso de munición real contra manifestantes pacíficos
El fiscal Omar Mahmoud al-Radi afirmó que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de munición real para reprimir las protestas y concentraciones pacíficas en Deraa, especialmente las celebradas en torno a la mezquita de Al-Omari, lo que provocó muertos y heridos entre manifestantes y asistentes a funerales.
Según la acusación, en estas operaciones participaron varios responsables de Seguridad actualmente prófugos, entre ellos Louay al-Ali, Wafiq Nasser, Qusay Mahyoub y Talal al-Aithani.
El fiscal acusó además a Atef Najib y a efectivos bajo su mando de impedir el acceso de ambulancias a los heridos e incluso abrir fuego contra ellas, acciones que, según sostuvo, ocasionaron varias muertes adicionales.
Asimismo, responsabilizó a los acusados de perpetrar lo que calificó como la “masacre de la Seguridad Política”, ocurrida durante los intentos de residentes de Deraa de romper pacíficamente el cerco impuesto sobre la ciudad.
Al-Radi señaló que la situación se agravó tras la llegada a Deraa de Maher al-Assad y Muhammad Ayman Ayoush acompañados por unidades de la Cuarta División.
De acuerdo con el expediente judicial, estas fuerzas participaron en operaciones de asesinato, detención y tortura bajo órdenes de altos mandos militares y políticos del régimen depuesto.
El representante de la Fiscalía General sostuvo que las pruebas reunidas demuestran la presunta responsabilidad de los acusados en delitos de homicidio premeditado, asesinato de múltiples personas, homicidio intencional de menores de quince años, tortura con resultado de muerte, privación ilegal de libertad e incitación al asesinato.
El fiscal afirmó que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que otorga competencia a la justicia siria para juzgarlos conforme al Código Penal nacional y a los principios del derecho internacional.
En la conclusión de su alegato, al-Radi afirmó que “estos crímenes no pueden quedar impunes” y aseguró que todos los responsables de violaciones contra el pueblo sirio deberán rendir cuentas ante los tribunales.
Atef Najib, primo de Bashar al-Assad, dirigió la Inteligencia Política en la provincia de Deraa durante los primeros meses de las protestas de 2011 y es señalado como uno de los responsables de las campañas de arrestos y represión, incluido el caso de los menores detenidos en marzo de ese año.
Estados Unidos incluyó a Najib en su lista de sanciones el 29 de abril de 2011, mientras que la Unión Europea hizo lo propio el 9 de mayo del mismo año, por su presunta implicación en violaciones contra civiles.
El 31 de enero de 2025, el director de Seguridad Pública de Latakia, teniente coronel Mustafa Knaifati, anunció la detención de Najib en coordinación con fuerzas militares y su posterior entrega a las autoridades judiciales competentes.
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