Damasco, 16 sep (SANA) Fadel Abdul Ghany, director de la Red Siria para los Derechos Humanos, afirmó que la aprobación por parte de la Asamblea Popular del proyecto de ley para derogar la Ley n.º 22 de 2012, mediante la cual se creó el denominado Tribunal de Terrorismo, constituye un paso necesario desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos.
Según Abdul Ghany, la medida aborda el legado de una de las principales instituciones judiciales de excepción utilizadas por el depuesto régimen para procesar a opositores y participantes en la Revolución Siria.
Un proceso jurídico que debe tener efectos concretos
En declaraciones a SANA, explicó que el Tribunal de Terrorismo no era un tribunal ordinario afectado únicamente por deficiencias procesales, sino una institución creada sobre la base de una legislación de excepción que, según afirmó, socavaba las garantías de un juicio justo.
Abdul Ghany señaló que su abolición representa el inicio de un proceso jurídico e institucional que debe traducirse en medidas concretas para restituir los derechos de las personas afectadas.
Indicó que el artículo 7 de la ley ahora derogada permitía al tribunal apartarse de las normas procesales vigentes durante las etapas de investigación y juicio.
Agregó que la Red documentó casos en los que las actuaciones judiciales se basaban en informes de seguridad y confesiones obtenidas bajo tortura, además de restricciones al derecho a la defensa y falta de transparencia en la publicación de las sentencias y los criterios empleados para dictarlas.
Decenas de miles de casos documentados
Abdul Ghany sostuvo que el alcance de los expedientes vinculados al tribunal fue considerable. Según cifras documentadas por la Red hasta octubre de 2020, al menos 10.767 personas comparecieron ante esa instancia en aproximadamente 90.560 casos, además de registrarse 3.970 expedientes de confiscación de bienes.
La organización también documentó al menos 40.602 órdenes de incautación y confiscación que afectaron a cerca de 320.000 ciudadanos entre 2012 y 2024, como parte de un sistema más amplio de desposesión aplicado durante el depuesto régimen.
Abolir el tribunal no basta para borrar sus efectos
El director de la Red subrayó que existe una diferencia jurídica entre abolir el tribunal y eliminar las consecuencias de sus sentencias.
Explicó que la derogación de la ley pone fin a la competencia futura de esa instancia, pero no anula automáticamente los efectos de las decisiones anteriores, por lo que consideró necesario establecer un mecanismo claro de aplicación.
Ese mecanismo, añadió, debería contemplar la liberación de quienes permanezcan detenidos únicamente por órdenes del tribunal, la cancelación de órdenes de búsqueda y prohibiciones de viaje, la corrección de registros judiciales y administrativos, la restitución de derechos a las familias de fallecidos y víctimas de desaparición forzada, y la creación de vías de indemnización y rehabilitación.
La Asamblea Popular aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto de ley para abolir el Tribunal de Terrorismo y anular sus efectos, durante la tercera sesión de su primer periodo extraordinario.
El tribunal había sido creado en 2012, en sustitución del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, y fue utilizado para procesar a opositores y confiscar bienes de miles de sirios.
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