Atenas, 10 jun (SANA) El Parlamento griego aprobó una ley destinada a agilizar la deportación de solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas, en el marco de la política migratoria restrictiva aplicada por el Gobierno para frenar la migración irregular.
La nueva legislación permite trasladar a estos migrantes a centros de retorno ubicados fuera de la Unión Europea, una vez que Atenas y otros países europeos concluyan acuerdos bilaterales con terceros Estados para su establecimiento.
Según Reuters, el ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, declaró antes de la votación que varios países de la Unión Europea mantienen negociaciones con terceros países para concretar los primeros acuerdos este año, con el objetivo de que dichos centros comiencen a operar en 2027.
El funcionario señaló además que Grecia ya mantiene conversaciones con dos países africanos sobre esta cuestión, aunque evitó revelar sus nombres.
La medida se produce después de que los gobiernos y legisladores de la Unión Europea aprobaran la semana pasada nuevas normas que permiten trasladar a migrantes sujetos a órdenes de expulsión a centros ubicados fuera del bloque comunitario.
Estas disposiciones han sido criticadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de abusos y vulneraciones de derechos fundamentales.
Grecia participa actualmente junto con Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Austria en iniciativas para crear centros conjuntos de retorno y tránsito temporal para migrantes. Asimismo, las conversaciones con Uganda sobre un acuerdo similar permanecen suspendidas.
El pasado 16 de mayo, Italia, Grecia, Chipre y Malta reafirmaron la necesidad de adoptar medidas más estrictas para evitar una nueva crisis migratoria como la registrada en Europa en 2015 y reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas.
En los últimos años, Grecia ha endurecido su política migratoria mediante la aplicación de leyes más estrictas, sanciones penales y limitaciones a las vías de asilo para los recién llegados. Estas medidas, junto con la cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), han contribuido a reducir la llegada de migrantes irregulares al país.
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